El análisis de la propuesta recae en el Ayuntamiento
La máxima autoridad del Poder Legislativo estatal indicó que la facultad de decidir si una compañía resulta idónea para operar la extracción de gas metano en el depósito de residuos recae de manera exclusiva en el cuerpo edilicio del municipio.
Durante una entrevista reciente, la presidenta del Congreso del Estado, Jocelyn Vega Vargas, enfatizó que las instancias municipales son las responsables de evaluar a fondo las credenciales de la persona moral interesada en el proyecto ambiental y energético.
“Yo creo que también hay que revisar quién es apto y quién es apto para llevar todos estos temas”, declaró la legisladora al ser cuestionada sobre la participación de una empresa vinculada a la familia del fallecido esposo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
Evaluación detallada por parte de regidores y alcalde
La funcionaria subrayó que el proceso de revisión debe ser transparente y exhaustivo, involucrando directamente a los ediles y al presidente municipal, quienes fungen como los representantes directos de la ciudadanía en la toma de decisiones administrativas y concesiones locales.
Asimismo, la legisladora puntualizó que el órgano colegiado del Ayuntamiento tiene la obligación legal y moral de verificar que cualquier corporación comercial o industrial cumpla con los estándares técnicos, financieros y normativos indispensables para manejar un recurso de esta naturaleza.
“Si salió la empresa que fuera apta, pues bueno, ya que lo revise el regidor, las regidoras, el propio alcalde, como miembros del Ayuntamiento y tomen esta determinación”, afirmó.
Implicaciones del proyecto en el manejo de residuos
La extracción de biogás en los sitios de disposición final representa una alternativa clave para mitigar las emisiones de efecto invernadero y aprovechar energéticamente los residuos sólidos urbanos que se acumulan de manera cotidiana en la demarcación.
Ante la relevancia técnica de estas acciones, la postura del Congreso busca deslindar responsabilidades estatales y dejar que el ámbito municipal ejerza su autonomía en la asignación de contratos, garantizando así que se sigan los cauces institucionales correspondientes antes de arrancar cualquier obra de esta magnitud en el municipio.
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