El sector empresarial impulsa una fiscalía desvinculada de los ciclos políticos
El Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua ha manifestado su firme postura para dotar a la Fiscalía General del Estado de una completa independencia operativa, financiera y técnica. De acuerdo con el organismo cúpula del sector privado, este cambio estructural es indispensable para aislar la procuración de justicia de la influencia de los gobiernos en turno y de los vaivenes propios de los procesos electorales.
Los líderes empresariales recalcaron que contar con un organismo procurador de justicia verdaderamente autónomo representa el cimiento fundamental para consolidar el Estado de Derecho, combatir de manera frontal los índices de impunidad y generar un ambiente de mayor certeza jurídica que beneficie tanto a la ciudadanía como al desarrollo económico de la región.
Propuestas clave para un nuevo modelo de designación y gestión
Para materializar esta independencia, el sector empresarial estructuró una serie de iniciativas normativas. Entre las medidas principales destaca la implementación de un periodo de gestión escalonado que no coincida con el mandato de la gubernatura, eliminando por completo la posibilidad de una reelección y condicionando cualquier intento de remoción del titular a la aprobación por mayoría calificada del Congreso del Estado.
Asimismo, la propuesta contempla blindar la operación de la dependencia mediante la asignación de un piso financiero irreductible, asegurando que los recursos presupuestales no se conviertan en un instrumento de presión política. El método de selección del fiscal también experimentaría una transformación profunda, ya que se prevé una convocatoria pública abierta, la supervisión de los perfiles por un comité ciudadano plural y la presentación de una terna técnica al Poder Legislativo, donde se requerirá el respaldo de dos terceras partes de los votos para su designación definitiva.
Mecanismos estrictos de evaluación y profesionalización interna
Junto con la autonomía administrativa y financiera, el planteamiento del organismo empresarial incorpora herramientas obligatorias de fiscalización y control ciudadano. Entre ellas se contemplan mecanismos de rendición de cuentas mediante informes periódicos y el uso de métricas auditables orientadas a medir el desempeño real en el abatimiento del rezago procesal y la reducción de la impunidad.
Finalmente, se enfatizó la urgencia de consolidar y expandir el Servicio Profesional de Carrera dirigido a ministerios públicos, peritos investigadores y policías ministeriales. Esta vertiente busca asegurar la estabilidad laboral y la capacitación permanente de los funcionarios, blindando las investigaciones ministeriales frente a cualquier tipo de interferencia o interés político externo.
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