El impacto financiero del freno a los precios de la gasolina
La estrategia implementada por la administración federal para evitar incrementos abruptos en los costos de los energéticos al consumidor final continúa generando estragos en las finanzas de la empresa productiva del Estado. De acuerdo con una reciente evaluación elaborada por la firma especializada PETROIntelligence, la política destinada a estabilizar las tarifas de la gasolina regular y el diésel implica un desembolso mensual estimado en mil 756.9 millones de pesos para la petrolera nacional.
Este esfuerzo financiero se deriva principalmente de un acuerdo de carácter voluntario establecido con los empresarios gasolineros del país, el cual ha forzado a la compañía a recortar y uniformar los valores de venta al mayoreo en sus diferentes terminales de almacenamiento y despacho. Lo anterior se ejecuta sin tomar en cuenta las notables variaciones que existen en materia de gastos logísticos y de transporte según la zona geográfica de la República.
Implicaciones en la competencia y el mercado nacional
Actualmente, el tope operativo fijado por las autoridades busca que el litro de gasolina regular se mantenga por debajo de los 24 pesos, mientras que el combustible tipo diésel fija su límite superior en los 27 pesos por litro. Para lograr este cometido, las estimaciones de la consultoría revelan que los precios estandarizados de mayoreo se han fijado en 21.68 pesos para el combustible regular y 25.24 pesos en el caso del diésel.
Sin embargo, los expertos advierten que esta metodología artificial provoca importantes distorsiones en la dinámica del mercado interno. Al no incorporar los gastos reales de distribución en las regiones más apartadas del territorio nacional, la estructura tarifaria de la empresa estatal termina por mermar la capacidad de competencia de aquellos comercializadores e importadores del sector privado que operan de manera independiente.
Perspectivas y propuestas para el sector energético
El informe detalla además que, a lo largo de este año, la aplicación de los estímulos fiscales ha registrado niveles inferiores si se les compara con las intervenciones extraordinarias que se implementaron durante la turbulencia energética vivida en el ejercicio de 2022.
Fante este panorama de presión presupuestal, la agencia analítica sugirió la conveniencia de desregular los precios de mayoreo comercializados por la empresa y, en su lugar, focalizar apoyos mediante el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios con una cobertura de hasta el 100 por ciento cuando las condiciones macroeconómicas así lo demanden.
Asimismo, los especialistas subrayaron que una modificación de esta naturaleza en la política de precios podría coadyuvar de manera significativa en el combate al contrabando y la comercialización ilegal de hidrocarburos, un problema financiero que actualmente drena recursos por un monto calculado en 177 mil 170 millones de pesos cada año.
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