Crisis hídrica en Bocoyna obedece a deficiencias operativas y conexiones ilegales, asegura la JCAS
La escasez crítica del recurso hídrico que afecta a los habitantes del municipio de Bocoyna tiene su origen en un prolongado rezago administrativo, la falta de mantenimiento en la infraestructura y la proliferación de derivaciones irregulares localizadas en el acueducto que se alimenta de la presa Situriachi, de acuerdo con la información dada a conocer por la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS).
Colapso operativo y conexiones irregulares
Durante una explicación detallada sobre el problema, Victoriano Pérez, quien se desempeña como director de Operación Regional del organismo, indicó que la red hidráulica encargada de suministrar a las localidades de Bocoyna, Creel y San Juanito dejó de funcionar de manera adecuada en el año 2018. Esto ocurrió luego de que se identificaran extracciones al margen de la ley que desviaban el flujo hacia la cabecera municipal, a pesar de que la comunidad de Creel mantenía sus pagos al corriente, situación que derivó en la interrupción general del suministro.
Por su parte, Mario Mata, titular de la JCAS, puntualizó que la administración estatal no tiene bajo su jurisdicción la operación directa del servicio en esa demarcación, una tarea que recae estrictamente en las autoridades municipales. No obstante, especificó que se mantienen labores conjuntas para mitigar la emergencia mediante la apertura de una nueva fuente de extracción y la construcción de un tanque de almacenamiento con capacidad de 100 mil litros, intervenciones que catalogó como medidas provisionales de apoyo.
Requerimientos financieros y proyectos pendientes
El funcionario estatal enfatizó que para alcanzar una resolución estructural y de largo plazo se necesita una asignación presupuestal estimativa de 600 millones de pesos. Estos fondos tendrían como propósito la modernización integral de la planta potabilizadora, el sistema de bombeo y la línea de conducción del acueducto. Asimismo, recordó que dicha obra formaba parte de los compromisos asumidos por la administración federal anterior encabezada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales no llegaron a concretarse, por lo que hizo un llamado enérgico a los diputados y senadores federales para conseguir el financiamiento necesario.
Retos en la cultura de pago y antecedentes de irregularidades
Dentro de los factores que obstaculizan la regularización del servicio, la dependencia estatal destacó la ausencia de una cultura de pago por parte de los usuarios locales, circunstancia que ha complicado las mesas de diálogo orientadas a establecer tarifas equitativas. Actualmente, el abastecimiento a la población se efectúa de manera emergente a través del envío de camiones cisterna.
Respecto a las prácticas de extracción ilegal o “aguachicol”, las autoridades informaron que tales acciones ilícitas cesaron hace tiempo y que no se cuenta con registros de denuncias recientes ante las instancias correspondientes. Pese a ello, se admitió que en el pasado no se le otorgó la atención institucional pertinente a esta problemática.
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