Cuestionan reformas fiscales y nuevas cargas financieras en México
Durante el debate legislativo en torno a la modificación de la Ley Federal de Derechos, surgieron duras críticas por parte de representantes de oposición hacia las políticas económicas implementadas por la actual administración federal. Los señalamientos advierten sobre un incremento en los gravámenes que impactará de forma directa a sectores productivos clave, al turismo extranjero y a los operadores de transporte ferroviario.
La discusión parlamentaria puso sobre la mesa el destino de los recursos públicos y la situación financiera del país, señalando que las estrategias recaudatorias actuales no se traducen en mejoras tangibles para la población ni en el fortalecimiento de los servicios básicos indispensables para el desarrollo nacional.
Inversiones públicas bajo la lupa y cuestionamientos al endeudamiento
En su intervención en tribuna, la diputada federal por Chihuahua, Manque Granados, recriminó que las políticas económicas vigentes han elevado los pasivos financieros del Estado a niveles históricos en pesos, sin que esto se vea reflejado en la construcción de obras prioritarias para el bienestar social y la competitividad productiva.
La legisladora enfatizó la ausencia de proyectos de gran calado en materia de salud y conectividad, cuestionando de manera directa el destino de los recursos obtenidos mediante el endeudamiento y la nueva recaudación:
“Los gobiernos de Morena han llevado la deuda pública a niveles históricos en pesos. La pregunta es ¿qué estamos construyendo con esa deuda? Estamos pagando más deuda, parece un chiste. Lo inaceptable, es comprometer el futuro sin invertir en aquello que va a permitir crecer y pagar mañana. ¿Dónde están los hospitales equipados? ¿Dónde están los medicamentos, la infraestructura eléctrica, las obras hidráulicas, las carreteras?”, expresó.
Ante este panorama, la representación opositora presentó diversas reservas orientadas a moderar el impacto financiero sobre las actividades económicas esenciales y a replantear el destino de los fondos recaudados.
Impacto al turismo internacional y distribución de recursos
Uno de los puntos centrales de la controversia giró en torno al incremento en el costo para los visitantes extranjeros. La propuesta inicial contemplaba elevar la tarifa de 983 pesos a 1,158 pesos, medida que fue rechazada por considerarse un obstáculo para la llegada de paseantes internacionales.
Al respecto, la diputada subrayó la importancia económica de esta actividad para miles de familias mexicanas:
“El turismo no es la caja registradora del gobierno, es empleo, es inversión y es el sustento para miles y miles de familias”, afirmó Granados, argumentando que los destinos nacionales requieren mayores estímulos y promoción en lugar de nuevas cargas tributarias.
Asimismo, se criticó el esquema de asignación presupuestal previsto en el dictamen, el cual contemplaba canalizar el 57% de los ingresos correspondientes a la Secretaría de la Defensa Nacional para tareas bajo su órbita. Como alternativa, se propuso repartir estos fondos equitativamente entre la Secretaría de Turismo y el Instituto Nacional de Migración, con el propósito de optimizar los servicios fronterizos y la difusión de los atractivos del país.
Preocupación por el sector ferroviario y la competitividad regional
Otro de los aspectos más polémicos de la reforma se centró en las modificaciones al Artículo 232, que plantea un incremento del 1.25% al 3% en el derecho aplicado a los ingresos de los concesionarios ferroviarios.
Desde la perspectiva de los legisladores críticos, esta disposición representa un golpe severo para entidades federativas con vocación exportadora e industrial. Se advirtió que la medida afecta particularmente a regiones como Chihuahua, donde la minería demanda certidumbre jurídica, el sector agrícola lidia con periodos recurrentes de sequía y altos costos operativos, y la manufactura nacional busca mantenerse competitiva frente a los mercados de Norteamérica.
Tras la presentación formal de las propuestas de modificación y el rechazo generalizado a los nuevos cobros para concesionarios, turistas y licencias sanitarias, los grupos parlamentarios inconformes anunciaron su voto en contra del dictamen en lo general y en lo particular.
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