Cuatro custodios enfrentan proceso penal por el homicidio y tortura de un recluso
Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de cuatro elementos de seguridad penitenciaria, quienes son señalados por su presunta participación en los delitos de homicidio calificado y tortura en agravio de una persona que se encontraba privada de la libertad.
La resolución judicial se emitió después de que la representación social aportara los elementos probatorios necesarios durante una audiencia inicial que se extendió por 16 horas, logrando acreditar la probable responsabilidad de los imputados en los trágicos hechos.
Detalles de la captura y situación jurídica
Los custodios involucrados en este caso fueron identificados formalmente como Carlos Gerardo O. A., Ramón Alejandro O. O., Luis Carlos G. C. y Silvino P. M. Su captura se llevó a cabo el pasado 29 de septiembre mediante un operativo coordinado entre elementos de la Agencia Estatal de Investigación y corporaciones de la Policía Estatal.
Tras la formulación de imputación y la exposición de los datos de prueba por parte de la autoridad ministerial, el impartidor de justicia determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que los cuatro servidores públicos permanecerán recluidos mientras se desarrolla la investigación complementaria.
Cronología de la agresión mortal
De acuerdo con la información oficial dada a conocer por el fiscal Heliodoro Araiza, los acontecimientos que derivaron en la muerte de la víctima se registraron el 8 de julio. En esa fecha, los policías procesales presuntamente golpearon al recluso al interior de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia.
Las agresiones físicas propinadas por los custodios generaron múltiples lesiones de gravedad que, a la postre, provocaron el fallecimiento de la víctima cuando esta ya se encontraba ingresada en el Cereso número 1.
Próximas líneas de investigación
Las autoridades ministeriales informaron que las indagatorias continúan abiertas con el objetivo de esclarecer por completo el caso y determinar si existen otros funcionarios o personas involucradas en la agresión física y los actos de tortura.
Asimismo, la institución procuradora de justicia reiteró su compromiso de agotar todas las líneas de investigación necesarias para fincar responsabilidades penales y garantizar el acceso a la justicia, así como la debida reparación del daño a los familiares de la víctima.
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