No hay manera de entender con serenidad el encono del régimen hacia la diputada de Sinaloa, Paola Gárate. No advierten que, si algo le sucediera, tendría repercusiones graves para el país. Con singular valentía, la diputada ha mantenido su condición de víctima/testigo de la operación del Cártel de Sinaloa a favor de Morena en la elección de 2021. Ha sostenido una postura de denuncia que le ha costado despojo, amenazas y ahora grosero desdén. Si resolviera solicitar asilo político en Estados Unidos, no sólo por las ostensibles amenazas que ha recibido, sino por la decisión de las autoridades de no protegerla, se convertiría en un personaje central en la debacle judicializada de Morena.
De la impudicia a la inmundicia. La del régimen es una conducta suicida. No hay otra manera de entenderla que como una consigna proveniente de la más alta oficina de la República. Su suerte está marcada y notoria la agresividad, que se enciende y acentúa cuando se trata de una mujer con sentido de dignidad. Sucedió con Maru Campos, ahora Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, y, particularmente visible, con Paola Gárate. Debe haber una explicación para comprender semejantes extremos de rencor y odio.
El caso de la diputada sinaloense ha cobrado relieve por la cobertura realizada por otras mujeres del periodismo, destacadamente Azucena Uresti y Carmen Aristegui. No hay más que indignarse ante el trato de las autoridades y, peor aún, la revictimización derivada de la filtración de información relacionada con un acontecimiento social de hace siete años. Lo develado proviene de fuentes oficiales. ¿Para eso está el aparato de inteligencia? ¿Quién puede asumirse excento de sospecha por un evento de hace tanto tiempo, además, sin que exista prueba alguna de connivencia o complicidad? Una comadre como razón irrefutable. Resulta impensable que suceda en medio de la ostensible impunidad del régimen político respecto de los propios señalados por testimonios que obligarían a la FGR a investigar.
No hay lugar para la tesis del complot de la ultraderecha o de los enemigos del régimen. Prevalece la impunidad y el régimen actúa como tapadera que se justifica a sí mismo; y como una maquinaria de propaganda para descalificar cualquier información crítica, elevándola a la categoría de provocación. Al mismo tiempo, la dirigencia extorsionadora de la CNTE impone condiciones y una de sus secciones obtiene una 800 millones de pesos y plazas a cambio de suspender una falsa protesta social. La decisión de romper con la CNTE muy pronto derivó en una claudicación ante quienes hacen de los menores, rehenes en su afán de seguir controlando las decisiones educativas en Oaxaca y Chiapas, los dos estados más pobres del país.
No todo queda en la denuncia o en la sospecha. El vecino país sí judicializa las consecuencias de la actividad criminal de los cárteles mexicanos, a los que ha nombrado organizaciones terroristas extranjeras, y considera al fentanilo un arma de destrucción masiva. La crítica situación y el comportamiento de las autoridades nacionales remite a una confrontación en condiciones de desventaja para el país. Inexplicable. Quizá la idea sea continuar por la senda de la polarización, bajo el supuesto de que la prédica soberanista servirá para recuperar terreno y ganar legitimidad ante la protección brindada a los narcopolíticos, con la fundada perspectiva de que los diez imputados de Sinaloa son apenas los primeros de una larga lista que podría alcanzar al expresidente López Obrador, a su círculo familiar y a colaboradores muy cercanos.
Quizás la lectura de la guerra de Iran inspire la resistencia del régimen. Erróneo el cálculo. Asumir que la embestida se superará con la elección intermedia de noviembre en Estados Unidos, significa no advertir que en el país vecino la ley sí es la ley, a pesar de Trump, al menos en los procesos judiciales penales; las veleidades presidenciales tienen poca influencia. El Departamento de Estado muestra un impecable profesionalismo. Además, los procesos judiciales siguen un curso ajeno a la política, porque las imputaciones se han procesado rigurosamente, respetando la legislación nacional, los tratados vigentes y la práctica diplomática. En todo caso, quienes han quedado fuera de lugar son las autoridades mexicanas al desentenderse de sus obligaciones, bajo el discutible e inválido argumento de que se trata de una acción motivada por la ultraderecha norteamericana. Difícil y comprometedor decir que no hay pruebas.
La impudicia convertida en inmundicia debería tomar más en serio la amenaza que representa su descuido y desdén hacia la diputada Paola Gárate.
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