El punto de inflexión de 1997 y el fin del control absoluto
Las elecciones intermedias de 1997 marcaron un punto de inflexión histórico en la vida democrática del país. En dichos comicios, la ciudadanía decidió retirar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) el dominio absoluto que ostentaba en el Poder Legislativo. Aunque la fuerza política tradicional intentó obstaculizar el nuevo reparto de fuerzas surgido de las urnas, la transición hacia una nueva realidad política parecía inevitable, generando en la sociedad la expectativa de inaugurar una etapa de auténticos contrapesos institucionales.
Durante las décadas en que el PRI mantuvo el control hegemónico del Congreso, el titular del Ejecutivo federal concentraba la toma de decisiones de forma casi inapelable. Si bien la oposición ganó volumen y presencia discursiva —en particular a partir de los comicios de 1988—, sus triunfos en la tribuna se estrellaban sistemáticamente contra una aplanadora legislativa. El año 1997 rompió esa dinámica y obligó al sistema a transitar por la vía de la negociación política.
La evolución de la rendición de cuentas frente al poder
En el esquema previo a la alternancia, la postura gubernamental se resumía en la clásica máxima de ignorar a los críticos. Sin embargo, con un Congreso fortalecido y plural, los secretarios de Estado comenzaron a acudir a comparecencias obligatorias donde debían rendir cuentas reales y negociar los presupuestos y reformas. La figura del legislador levantadedos dejó de ser suficiente para sacar adelante los proyectos del Ejecutivo, revalorizando el peso político del Parlamento.
No obstante, el panorama actual refleja una regresión preocupante. Cuando el Poder Legislativo opera meramente como una oficialía de partes al servicio del Palacio Nacional, las consecuencias institucionales resultan sumamente graves. Sabiendo que las iniciativas enviadas por la Consejería Jurídica de la Presidencia se aprueban sin modificarles una sola coma, los errores técnicos se multiplican y terminan convertidos en ley debido al exceso de confianza y la falta de análisis profundo.
El papel del secretario de Hacienda y el vacío en las curules
Un claro ejemplo de esta degradación institucional se observó recientemente durante las comparecencias del secretario de Hacienda, Edgar Amador, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Dichas sesiones dejaron al descubierto la profunda debilidad del Congreso y las limitaciones operativas de los miembros del gabinete federal bajo un esquema de hiperpresidencialismo.
Durante la presentación del funcionario, las bancadas oficialistas prácticamente vaciaron el recinto. Los legisladores de Morena decidieron ausentarse debido a que concentran sus esfuerzos en las campañas de reelección, pero también porque reconocen que el verdadero centro de gravedad de las decisiones presupuestales y económicas no reside en la dependencia a cargo de Amador, sino en las directrices de la presidenta de la República.
En circunstancias políticas distintas, los representantes populares habrían aprovechado la presencia del titular de Hacienda para gestionar proyectos destinados a sus distritos, debatir sobre la paridad cambiaria o discutir los subsidios energéticos. Sin embargo, ante la concentración de las decisiones económicas en la figura presidencial —quien acapara los anuncios de inversiones, pronósticos y decretos desde sus conferencias matutinas—, la asistencia al pleno se vuelve un ejercicio de simulación del que los propios diputados prefieren prescindir.
Un estilo de gobierno que prescinde de contrapesos
La dinámica actual demuestra que la administración federal actual no solo mantiene una mayoría absoluta aplastante en el Congreso, sino que opera bajo dinámicas centralizadas que recuerdan a décadas pasadas. A diferencia de aquellas estructuras, el gabinete actual carece de la autonomía necesaria para advertir riesgos económicos o políticos, consolidando un modelo donde la subordinación legislativa y la nulidad de los contrapesos amenazan la salud institucional de la república.
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