Exigen claridad sobre las omisiones gubernamentales
Ante la gravedad de los hechos descubiertos en el norte del país, el Poder Legislativo local ha tomado cartas en el asunto para esclarecer el alcance de la negligencia oficial. La diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, impulsó formalmente un Punto de Acuerdo con el propósito central de obligar a la administración estatal a transparentar las fallas institucionales detectadas tras el aseguramiento de 386 cuerpos en las instalaciones del denominado Crematorio Plenitud, ubicado en Ciudad Juárez.
La iniciativa legislativa no se limita únicamente a solicitar una explicación de los hechos, sino que también demanda la ejecución inmediata de una investigación administrativa integral. Con este procedimiento se busca deslindar responsabilidades directas entre los funcionarios que habrían omitido sus funciones de vigilancia, además de estructurar un sólido Programa Estatal de Garantías de No Repetición que proteja a la ciudadanía frente a futuras crisis de esta magnitud.
Mecanismos de control y fiscalización estricta
El documento presentado por la representación parlamentaria pone sobre la mesa la urgencia de implementar herramientas tecnológicas y operativas que eviten el vacíos legales en el manejo de restos humanos. Entre las medidas prioritarias figuran el desarrollo de mecanismos de trazabilidad individual para cada cuerpo, la digitalización de los registros correspondientes, la obligatoriedad de inspecciones periódicas y un canal de comunicación mucho más eficiente entre las instancias de salud, el Registro Civil, la Fiscalía y el sector funerario privado.
Durante la exposición de motivos, la legisladora enfatizó que resulta jurídicamente inaceptable y socialmente injusto reducir un escándalo de esta magnitud a la simple responsabilidad de los particulares involucrados. En este sentido, la congresista cuestionó abiertamente qué dependencias gubernamentales tenían la obligación constitucional y legal de vigilar, inspeccionar y supervisar el establecimiento, así como el estatus actual de las pesquisas internas y sanciones administrativas aplicadas a los servidores públicos implicados por acción u omisión.
Llamado enérgico al Poder Legislativo
La postura de la diputada también estuvo dirigida hacia el interior del propio Congreso del Estado, exhortando a las distintas comisiones legislativas a dejar de lado la dilación y la indiferencia ante un tema que ha conmovido a la sociedad. La representante popular recalcó que los expedientes vinculados con el Crematorio Plenitud deben recibir máxima prioridad para garantizar justicia a las familias afectadas.
Para la promotora de este Punto de Acuerdo, es fundamental llegar hasta las últimas consecuencias para conocer la verdad histórica y administrativa de lo ocurrido, asegurando que el aparato gubernamental actúe con transparencia y se establezcan castigos ejemplares que impidan la repetición de tragedias similares en la región.
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