Diecisiete muertos después… México

Diecisiete muertos después, el Gobierno mexicano dejará de lado la diplomacia y demandará por la vía penal a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
De los 17 muertos contabilizados hasta ayer, a partir de la radicalización de la política migratoria de Donald Trump, 14 murieron en centros de detención por complicaciones médicas o suicidio y 3 perdieron la vida por disparos de agentes durante operativos.
El último, Lorenzo Salgado Araujo, asesinado en Houston por agentes del ICE.
El gobierno anunció que presentará denuncias penales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales además de emprender demandas contra las empresas privadas que operan los centros de detención donde ocurrieron los decesos.
México también solicitará la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El Gobierno mexicano se tardó en tomar esas decisiones; suerte con los litigios, largos y costosos.
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Un grupo de 18 personas en Morelos, entre presidentes municipales en funciones y otros que lo fueron el trienio pasado, son investigados por autoridades federales en el marco de la “Operación Enjambre’’.
El número se antoja incluso bajo, dadas las denuncias ciudadanas sobre la colusión entre la delincuencia organizada y servidores públicos en la entidad, que van desde los presidentes municipales hasta síndicos, regidores y, por supuesto, jefes de la policía municipal.
La investigación forma parte de la cruzada que lanzó el gobierno para detener (o por lo menos contener) esta sociedad entre funcionarios y delincuentes que tanto daño han causado a grandes regiones del país.
La Operación Enjambre en Morelos arroja los siguientes resultados hasta el momento:
En Amacuzac se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra la síndica Patricia “N”, la regidora Azucena “N”) y el tesorero Alejandro Bladimir “N” por los delitos de extorsión agravada, acusados por el propio presidente municipal Noé Reynoso Nava; fueron dejados en libertad por la juez de la causa por falta de pruebas.
En el mismo operativo cayó Carlos “N” (El Camarón), operador de la Familia Michoacana.
En Atlatlahucan se detuvo a Agustín “N”, presidente municipal en funciones.
En Yecapixtla se arrestó a Irving “N”, exalcalde de la demarcación.
En Cuautla se ejecutaron órdenes de aprehensión contra el secretario municipal Horacio “N’’, el oficial mayor Pablo Adrián “N”, el tesorero Jonathan Espinoza Salinas y el propio presidente municipal Jesús Corona Damián.
En Ayala, se detuvo a Antonio Domínguez Aragón, exalcalde del municipio.
Sobre este tema en particular, habrá que estar pendiente de la información en los próximos días.
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El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que el país requiere de una reforma fiscal “que podría ser en esta o la siguiente administración’’, pero de que se necesita, se necesita.
Monreal se dijo convencido de que la reforma es necesaria ante los requerimientos financieros para sostener los apoyos sociales y las pensiones que son responsabilidad del gobierno federal.
El zacatecano, de largo colmillo y a quien le corresponderá sacar adelante el presupuesto para el próximo año desde su posición de coordinador de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, reconoce en privado que los apoyos sociales no pueden seguir financiando con deuda.
Habrá que esperar a septiembre para conocer cuál será el techo de endeudamiento para el 2027, año electoral, en el que el gobierno federal no querrá atentar contra la clientela cautiva que tiene entre los beneficiarios de los programas sociales, cuyo padrón aumenta exponencialmente año con año, no así los ingresos.
A ver.
@adriantrejo
