La salida de un referente cultural
El director de la prestigiosa Smithsonian Institution, Lonnie Bunch, ha anunciado su dimisión tras atravesar un periodo de fuerte tensión institucional. Su renuncia se materializará a finales de año, poniendo fin a un mandato que ejercía desde 2019 y que se vio profundamente sacudido por las constantes injerencias del presidente estadounidense Donald Trump.
En un comunicado difundido este martes, Bunch reconoció que abandonaba sus funciones con «sentimientos encontrados y un profundo agradecimiento». Su marcha llega en un momento crítico para la red de museos, marcada por los intentos del Ejecutivo federal de redirigir la narrativa oficial sobre el pasado del país de cara al próximo 250 aniversario de la nación.
Informes descalificativos y tensiones crecientes
La salida del director no es un hecho aislado, sino el resultado de una campaña de desgaste que se intensificó hace dos meses. En ese momento, un informe oficial del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca tachó a los máximos responsables de la institución, con especial fijación en el Museo Nacional de Historia Estadounidense, de ser «activistas radicales poco confiables».
Anthea M. Hartig, primera mujer en dirigir dicho museo, se convirtió en el blanco de las críticas de la administración y de legisladores republicanos. El texto gubernamental la acusaba de no narrar los hechos «de una manera inspiradora, unificadora y digna de nuestra gran república». Pese al hostigamiento, Hartig defendió firmemente su labor ante el Congreso, calificando el documento oficial de injusto y afirmando que «no caracteriza de manera justa ni precisa la totalidad del trabajo del museo».
Disputas por el control y revisión ideológica
A diferencia de otras entidades culturales de Washington donde el presidente ha podido cesar cargos con rapidez, el organigrama del Smithsonian supuso un freno inicial. La organización opera al margen del poder ejecutivo y sus directores responden ante Bunch, cuya labor es supervisada por una Junta de Regentes compuesta por figuras como el vicepresidente JD Vance y el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.
No obstante, la presión se tradujo en medidas directas. Trump ordenó colocar carteles de advertencia en las inmediaciones del museo histórico para desacreditar sus exposiciones. Además, una orden ejecutiva firmada en marzo de 2025, bajo el título «Restaurando la verdad y la cordura en la historia estadounidense», impulsó una auditoría exhaustiva sobre ocho museos clave de la red, abarcando desde contenidos educativos hasta publicaciones en redes sociales.
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