Una costosa campaña en el punto de mira
El presidente de Estados Unidos ha dado marcha atrás tras la intensa polémica generada por una ofensiva publicitaria en televisión valorada en 20 millones de dólares. La iniciativa buscaba ensalzar su gestión gubernamental en plena cuenta regresiva hacia los comicios legislativos de noviembre.
Diversos sectores políticos y organizaciones denunciaron el uso de recursos estatales para la autopromoción del mandatario. Las críticas apuntaban a una posible vulneración de las normativas que restringen la propaganda gubernamental con fines partidistas.
El anuncio de rectificación en redes
Ante el aluvión de cuestionamientos, el líder estadounidense utilizó su cuenta oficial en Truth Social para anunciar un cambio de planes. “La izquierda radical está molesta porque estoy emitiendo anuncios, que considero una promoción positiva para nuestros grandes EEUU, y los estoy pagando con dinero de EEUU”, expresó el mandatario en la plataforma.
Asimismo, justificó la medida inicial antes de matizar su decisión económica. “Se trata de algo bastante habitual, pero, en lugar de hacerlo así, he decidido emitir los anuncios patrióticos y pagarlos de mi propio bolsillo, con el dinero que he recaudado para MAGA, Inc”, puntualizó en su mensaje.
Contenido y difusión de los anuncios
Las piezas audiovisuales muestran al presidente proclamando que “Estados Unidos nunca será un país comunista”, mientras de fondo se escuchan coros repitiendo frases de apoyo. Otras secuencias combinan monumentos nacionales con discursos sobre una supuesta “edad de oro” del país norteamericano.
La campaña ha tenido un alcance masivo en las principales cadenas de televisión abierta y por cable. Los espacios elegidos incluyeron retransmisiones deportivas de gran audiencia y noticieros matutinos de máxima cobertura nacional.
Origen de los fondos estatales
Informes periodísticos señalaron previamente que la orden provino directamente de la cúpula ejecutiva para desviar recursos del Departamento de Seguridad Nacional. Los asesores legales del Gobierno habrían avalado inicialmente la operación antes de que las presiones políticas obligaran a cambiar de estrategia.
El contrato publicitario inicial fue adjudicado a una agencia de marketing mediante registros federales gestionados a través de dependencias adscritas a la seguridad fronteriza, desatando un debate nacional sobre la rendición de cuentas y el uso del erario.
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