El quiebre del sistema democrático mexicano
El análisis político reciente apunta a que la breve etapa democrática del país llegó a su fin en 2024. Si bien los comicios de 2021 ya habían evidenciado anomalías significativas, tales como la incursión de grupos criminales en favor de una determinada fuerza política, las reglas fundamentales todavía aplicaban por igual para todos los contendientes. Aquellas fallas estructurales no recaían propiamente en los organismos electorales, sino en la actuación del Estado en su conjunto.
En contraste, el proceso electoral de 2024 careció por completo de equidad. Se registraron campañas adelantadas por más de dos años, la intervención directa desde la Presidencia de la República y el uso masivo de recursos públicos con el propósito de maquillar la situación económica y coaccionar el voto. Ante estas irregularidades, el Instituto Nacional Electoral (INE) omitió cualquier acción correctiva o sanción. Posteriormente, las decisiones tomadas tanto por el INE como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) terminaron por modificar la voluntad ciudadana, otorgando a Morena y a sus aliados una sobrerrepresentación de hasta 20 puntos que no obtuvieron en las urnas, un fenómeno calificado por diversos sectores como un golpe de Estado técnico.
Perspectivas críticas rumbo a 2027
De cara a los comicios de 2027, el panorama institucional se vislumbra aún más adverso. La integración actual del INE cuenta con consejeros alineados con los intereses de Morena, lo que ha derivado en un hostigamiento constante hacia opciones opositoras como la organización Somos México, la cual se ha visto obligada a modificar su denominación, logotipo e identidad visual.
Asimismo, se eliminaron los filtros que impedían que los llamados “siervos de la nación” —un ejército de decenas de miles de personas con percepciones salariales del erario dedicadas a promover electoralmente al partido oficial— participaran como observadores electorales. A esto se suman la tolerancia ante irregularidades como las boletas planchadas y la incapacidad manifiesta para frenar las campañas anticipadas que ya se encuentran en marcha.
Quienes hoy conducen las instituciones electorales se caracterizan por una gestión excluyente, indisciplinada, voraz e incompetente, cuyo accionar constante busca bloquear a la oposición mientras favorece a la coalición oficialista. Su falta de pericia ha escalado al punto de intentar silenciar no solo a los críticos políticos, sino a cualquier ciudadano que exprese discrepancias o señalamientos contra el movimiento gobernante.
Un proceso electoral monumental sin garantías
El desafío logístico y político será colosal. Durante el próximo proceso masivo se renovarán 17 gubernaturas, la totalidad de la Cámara de Diputados con 500 legisladores, además de cerca de 2,000 alcaldes y un número equivalente de diputaciones locales. En total, estarán en disputa más de 20,000 cargos de elección popular.
Todo este ejercicio se desarrollará en ausencia de equidad en la contienda, sin un árbitro imparcial y bajo el control de una estructura institucional sumamente debilitada. Este escenario completa un ciclo histórico que comenzó a gestarse a mediados de la década de 1980, cuando facciones desplazadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) comenzaron a demandar apertura democrática no por convicción ideológica, sino para recuperar las posiciones de poder perdidas tras años de hegemonía.
El retorno a la confrontación y la amenaza de la violencia
Con el tiempo, aquellos grupos convergieron con corrientes de la izquierda mexicana que, bajo la fachada de la lucha democrática, frecuentemente obstaculizaron los acuerdos institucionales fundamentales para la construcción de un sistema electoral confiable.
Se retorna así a una dinámica similar a la de los años ochenta, donde los procesos electorales dejaban de ser mecanismos definitivos de resolución pacífica para convertirse en la antesala del enfrentamiento político. Ante la ausencia de una democracia funcional, el poder tiende a disputarse por la vía de la fuerza. Hace cuatro décadas esta se medía a través de la movilización social; hoy, en un contexto nacional donde el Estado enfrenta severas dificultades para controlar su territorio y prevalece la proliferación de armas y criminalidad, la correlación de fuerzas podría adquirir matices mucho más peligrosos. La función primordial de la democracia radica precisamente en garantizar el relevo pacífico del poder, evitando que la violencia se convierta en el único método de arbitraje político.
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