La intervención presidencial en favor del clan estadounidense
El mandatario serbio, Aleksandar Vučić, dirigió personalmente una serie de maniobras para favorecer un ambicioso proyecto inmobiliario impulsado por la familia Trump y Jared Kushner en la capital de Serbia. La iniciativa pretendía levantar un complejo hotelero y residencial valorado en 500 millones de dólares sobre un terreno protegido que albergaba el antiguo Ministerio de Defensa yugoslavo, un símbolo bombardeado por la OTAN en 1999.
A pesar de las normativas vigentes, el líder ultranacionalista presionó a diversos altos cargos para despojar al histórico edificio de su condición de bien protegido. Este movimiento ha desencadenado un proceso judicial inédito en el país balcánico, con acusaciones formales de abuso de poder dirigidas contra miembros clave del gobierno, incluido el ministro de Cultura.
Presiones institucionales y dimisiones en cadena
La estrategia del Ejecutivo comenzó a fraguarse a principios de 2024 en el palacio presidencial. En una reunión tensa, Vučić increpó a la entonces directora del instituto nacional para la protección de monumentos, Dubravka Đukanović, exigiéndole que encontrara motivos para revocar la protección legal del recinto. “Haced lo que quiero o presentad vuestra dimisiónd”, vino a transmitir el presidente según diversas fuentes del caso.
Semanas después de aquel encuentro, se filtró un acuerdo que concedía a la firma de Kushner un arrendamiento gratuito por 99 años sobre el solar estratégico. Ante la negativa de los técnicos y conservadores a saltarse la legalidad, el ministro de Hacienda, Siniša Mali, repitió el ultimátum, lo que provocó las renuncias de las principales responsables de patrimonio.
Repercusiones políticas y caída del proyecto
La filtración del pacto inmobiliario coincidió con un clima de fuerte tensión social en Serbia, agravado por protestas multitudinarias contra la corrupción gubernamental. Mientras los críticos denunciaban un posible sistema de “pagar para jugar” para obtener favores de la Casa Blanca, el entorno de los inversores estadounidenses negó tajantemente cualquier vinculación con acuerdos políticos irregulares.
Finalmente, tras la presión judicial y las protestas ciudadanas, la empresa de Kushner anunció la cancelación temporal del proyecto inmobiliario. No obstante, las investigaciones contra los funcionarios implicados continúan su curso, poniendo a prueba la independencia del sistema judicial serbio frente al poder político imperante.
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