La Presidencia de la República siempre ha sido la institución más poderosa. Lo es por lo que representa y por las atribuciones legales y fácticas, llamadas por Jorge Carpizo metaconstitucionales. México adoptó el régimen presidencialista del modelo norteamericano, pero allá al presidente siempre se le vio como una amenaza; en México, como una solución frente a la anarquía y la disputa violenta por el poder. En Estados Unidos se le acotó; aquí, con la excepción de la Constitución de 1857, se le empoderó. A lo largo de la historia ha prevalecido la convicción de que un presidente fuerte es necesario para resolver los grandes problemas nacionales.
Buena parte de la historia moderna de México, después del colapso de la República Restaurada y del arribo de Porfirio Díaz a la Presidencia, ha transcurrido bajo un presidencialismo autoritario. La excepción fue el periodo de gobierno dividido de 1997 a 2018. El Maximato, como ahora ocurre, fue una anomalía del presidencialismo, ya que, en forma y sustancia, el Ejecutivo prevalecía sobre el conjunto del sistema político, aunque la Presidencia presentara una bicefalia.
El caso actual es mucho más complejo. Como nunca se ha empoderado al Ejecutivo; el Poder Judicial, para efectos prácticos, no existe y la Corte está ostensiblemente sometida a la Presidencia. La oposición es marginal. La libertad de expresión subsiste, pero de escasa incidencia en las decisiones de autoridad, aunque sí impacta al poder, tanto que uno de sus objetivos ha sido controlarla. Los gobiernos locales no tienen la menor posibilidad de contener al centro y el Congreso, debido a la hiper mayoría oficialista, es una instancia al servicio de la bicefalia presidencial. El poder presidencial está acotado por la realidad, particularmente por el crimen organizado, Estados Unidos y la economía.
Todo esto viene al caso por la manera en la que la presidenta Sheinbaum descubrió el poder que detenta en dos temas: la demanda de Estados Unidos para detener, con fines de extradición, al gobernador Rubén Rocha y a nueve funcionarios por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, y la accidentada negociación con la CNTE. Aunque la presidenta se ha impuesto, los resultados de ambos asuntos son ambiguos y, en ninguno de ellos, particularmente en el primero, puede cantarse victoria definitiva.
El recuento de Raymundo Riva Palacio, uno de los columnistas más reconocidos y recientemente objeto de la animosidad presidencial, da cuenta de las negociaciones con la CNTE. Con el propósito de alcanzar un acuerdo en el marco de la apertura del Mundial de futbol, el gobierno federal realizó concesiones excesivas. Casi al momento de formalizar el acuerdo los dirigentes insistieron la derogación de la Ley del ISSSTE. La presidenta se mantuvo firme en no ceder y las negociaciones se rompieron, se determinó dejar de dialogar con el grupo extorsionador y proceder a una consulta con la base magisterial. Con ello, la cúpula perdió los beneficios esperados, incluyendo la entrega de setecientos millones de pesos en efectivo y la proveeduría de uniformes escolares para la Sección 22 de Oaxaca, que representaba, al menos, 250 millones de pesos anuales.
La presidenta Sheinbaum acertó en romper las negociaciones y llevar el acuerdo a la base magisterial. Ahora hay margen para desarticular a la corrupta y extorsionadora cúpula magisterial de sus representados. La CNTE resiste y, por el bien de la educación de los menores en las zonas más marginadas y pobres del país, es de la mayor importancia que prevalezca la autoridad presidencial, que los gobernadores de Chiapas, Oaxaca y Michoacán dejen de proveer recursos y que el Estado haga valer su autoridad.
La Presidencia de la República puede con eso y mucho más. Tiene atribuciones legales y metaconstitucionales que le permiten hacer valer su autoridad. La cuestión es la provocación del grupo más radical y la resistencia de las autoridades a emplear los medios convencionales para contenerlo. El tema no es el futbol, tampoco el desafío al gobierno, sino las responsabilidades del Estado.
La victoria presidencial no puede quedar a medias. La CNTE no logró sabotear la inauguración del evento deportivo. Por ahora, será necesario que deje de fluir el dinero proveniente de las arcas públicas que sostiene la movilización. Asimismo, las autoridades deben documentar fehacientemente los actos criminales y, en su momento —no ahora—, actuar con la determinación que implica una sanción ejemplar. Debe quedar claro que quien la hace la paga; al menos, establecer un saludable paréntesis a la impunidad.
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