Un nuevo revés para las estrategias electorales del Gobierno
La máxima instancia judicial de Estados Unidos ha decidido desestimar un recurso presentado por la Administración Trump, el cual buscaba invalidar un total de 20.000 votos por correo emitidos en territorio californiano. Esta resolución se emitió de forma casi simultánea al desarrollo de los comicios legislativos de mitad de mandato.
El litigio comenzó después de que una instancia judicial de apelación rechazara, por dos votos frente a uno, la pretensión del Ejecutivo federal de descartar las papeletas de ciudadanos sobre los cuales el Gobierno albergaba dudas acerca de su nacionalidad estadounidense.
A pesar de que el Departamento de Justicia ha priorizado la fiscalización de los votantes extranjeros durante este ciclo, la falta de fiabilidad en los registros ha provocado una cadena de fallos adversos en los tribunales federales durante las últimas semanas.
Advertencias sobre la vulneración constitucional
Paralelamente, en Washington, el juez presidente de la Corte de Distrito para el Distrito de Columbia, James Boasberg, emitió una orden dirigida al Ejecutivo para frenar sus demandas por contravenir la Carta Magna del país:
“Es probable que el Poder Ejecutivo haya violado la cláusula electoral de la Constitución, que atribuye la competencia sobre las normas electorales exclusivamente a los estados y al Congreso”, señaló el magistrado.
Durante las vistas judiciales, la jueza de distrito Trina Thompson interrogó al abogado gubernamental Kenneth Kao respecto a la escasa precisión de las bases de datos utilizadas. Ante la pregunta de si existía una alta tasa de error, Kao admitió: “Esa es una afirmación acertada. Por eso solicitamos la oportunidad de la ayuda de los registradores para verificar que todos estos votantes sean válidos”.
Por su parte, el fiscal federal en Los Ángeles, Bill Essayli, defendió la postura oficial en una rueda de prensa al asegurar: “Esto no es una especulación. No es una teoría”, insistiendo en que las personas señaladas carecían de derecho al sufragio.
Imposibilidad logística y críticas demócratas
Ante el Tribunal Supremo, la acusación insistió en la urgencia de una medida cautelar para apartar las papeletas antes de que se mezclaran con el resto, argumentando que “una vez que California mezcle las papeletas impugnadas con las válidas, no habrá forma de recuperar las impugnadas”, según expresó el fiscal general adjunto D. John Sauer.
Sin embargo, las autoridades locales recordaron que el proceso electoral en este estado de tendencia demócrata comenzó a principios de octubre mediante el envío postal a unos 23 millones de votantes registrados. Los funcionarios electorales advirtieron que intentar separar dichos sufragios en este punto avanzado resultaría logísticamente imposible.
El fiscal general californiano, Rob Bonta, catalogó la maniobra legal como un ataque directo a las instituciones: “apesta a desesperación y es otro intento de socavar nuestras elecciones y pisotear el Estado de derecho”.
Finalmente, el juez de distrito David O. Carter advirtió sobre el peligro institucional de admitir este tipo de peticiones sin fundamentos sólidos: “Si el Ejecutivo puede descartar votos y amenazar unas elecciones en curso por acusaciones sin pruebas, entonces nuestra democracia está en peligro”.
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