El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, emitió nuevas directrices dirigidas a bancos e instituciones financieras para identificar cuentas y movimientos vinculados con migrantes irregulares, como parte de una ofensiva federal en materia migratoria y financiera.
La medida fue implementada a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro, luego de que Trump firmara en mayo de 2026 la orden ejecutiva titulada “Restoring Integrity to America’s Financial System”.
De acuerdo con la orden, las instituciones financieras deberán prestar mayor atención a patrones considerados “sospechosos”, particularmente aquellos relacionados con evasión fiscal, pagos fuera de nómina, transferencias transfronterizas y uso de documentos de identificación vinculados a personas sin estatus migratorio regular.
El Departamento del Tesoro informó que los bancos deberán reportar señales de alerta relacionadas con posibles esquemas de contratación irregular, lavado de dinero y utilización de empresas fachada para el pago de trabajadores indocumentados. La guía incluye más de una decena de “red flags” que las instituciones deberán monitorear.
Aunque la disposición no obliga formalmente a recopilar datos de ciudadanía de todos los clientes, sí instruye a los reguladores financieros a fortalecer los mecanismos de identificación y debida diligencia sobre ciertos usuarios y cuentas.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración Trump busca evitar que “personas sin autorización laboral exploten el sistema financiero estadounidense”, mientras que FinCEN sostuvo que las nuevas medidas pretenden combatir fraudes laborales y esquemas de evasión fiscal.
Diversos analistas y organizaciones civiles han advertido que la medida podría afectar a millones de migrantes que utilizan bancos estadounidenses para enviar remesas a sus países de origen, particularmente a México y América Latina. También alertan sobre posibles actos de discriminación financiera y restricciones al acceso bancario.
La Asociación Americana de Banqueros señaló previamente que obligar a recopilar información migratoria de clientes podría generar costos elevados y riesgos regulatorios para las instituciones financieras. Finalmente, la orden ejecutiva optó por lineamientos de monitoreo reforzado y no por una obligación generalizada de verificación migratoria.
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