Evaluación legislativa en Chihuahua busca frenar el paso de vehículos todoterreno en zonas ecológicas vulnerables
Autoridades de los tres niveles de gobierno, legisladores y diversos sectores de la sociedad civil en Chihuahua iniciaron un proceso de diálogo para debatir una propuesta orientada a restringir la circulación de vehículos todoterreno en cauces fluviales, arroyos, cuerpos hídricos y reservas ecológicas. No obstante, las autoridades aclararon que por el momento no existe una normativa oficial aprobada ni un calendario definitivo para emitir un veredicto sobre la propuesta.
Origen de la propuesta y marco legislativo
La propuesta legislativa fue impulsada por la diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, con el propósito central de modificar la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado. El análisis se llevó a cabo en el seno de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Desarrollo y Movilidad Urbana, bajo la dirección de la legisladora panista Joss Vega. A pesar del encuentro, el informe oficial omitió especificar los alcances legales precisos de las limitaciones ni la forma en que se coordinarían las jurisdicciones en terrenos de competencia mixta.
Participación institucional y organizaciones ambientalistas
El encuentro congregó a delegados de instancias federales y estatales como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Asimismo, tomaron parte agrupaciones civiles como el Colectivo Sierra Juárez y Salvemos los Cerros de Chihuahua. Durante las deliberaciones, los asistentes subrayaron la urgencia de fijar normativas estrictas para salvaguardar la biodiversidad local; sin embargo, los reportes oficiales no especificaron las zonas dañadas ni presentaron estudios técnicos que respalden la magnitud del impacto ambiental.
Desafíos en la fiscalización y competencias de gobierno
Uno de los retos más complejos radica en delimitar las competencias de vigilancia entre las administraciones estatales y federales, especialmente en lo concerniente a zonas federales y cauces de agua. Aunque prevaleció un discurso de cooperación interinstitucional, no se definieron esquemas de supervisión, sanciones económicas ni dependencias encargadas de asegurar el cumplimiento de las posibles restricciones. Esto genera incertidumbre sobre la viabilidad práctica de la medida para evitar que se convierta en una normativa sin efectos reales en el terreno.
Próximos pasos en la agenda legislativa
Como conclusión de esta primera jornada, se pactó la celebración de nuevas mesas de trabajo técnicas a lo largo de los próximos meses para conciliar las actividades recreativas motorizadas con la preservación del entorno ecológico. La iniciativa sigue sujeta a cuestionamientos operativos y territoriales, mientras la ciudadanía espera conocer si el Poder Legislativo concretará plazos claros y mecanismos exigibles para proteger las zonas naturales del estado.
About the Author
