Exige Joss Vega que ningún apellido proteja a implicados en presunto desvío de Liconsa
La discusión en torno a la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas ha vuelto a colocarse en el centro de la agenda legislativa en Chihuahua. En este contexto, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Jocelyn “Joss” Vega, lanzó un firme posicionamiento respecto a las indagatorias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene abiertas sobre la paraestatal Liconsa, exigiendo que las pesquisas avancen sin distingos de ninguna naturaleza.
Investigaciones sin escudos políticos ni familiares
Durante una conferencia en la que se abordaron los recientes hallazgos de la fiscalización superior, la legisladora panista fue enfática al señalar que las filiaciones partidistas o los lazos consanguíneos con actores de la política nacional no deben constituir, bajo ninguna circunstancia, un mecanismo de protección o blindaje frente a la justicia. Para la representante popular, las instituciones encargadas de procurar y administrar la legalidad tienen la responsabilidad ineludible de llegar hasta las últimas consecuencias.
El pronunciamiento de Vega surge a raíz de los cuestionamientos sobre los manejos financieros en la dependencia federal, donde ha relucido el nombre de Gregorio Chávez, hermano de la senadora con licencia Andrea Chávez. Al respecto, la diputada local sostuvo que cualquier ciudadano involucrado en señalamientos de esta magnitud debe enfrentar los procesos correspondientes, reiterando que ningún apellido puede estar por encima de una investigación relacionada con el ejercicio de los recursos públicos.
Millonarias anomalías bajo la lupa federal
Las indagatorias que motivaron este llamado involucran posibles desvíos y anomalías administrativas que ascienden a un monto cercano a los 45 millones de pesos, de acuerdo con los reportes preliminares de los órganos fiscalizadores. Asimismo, la legisladora advirtió sobre la gravedad de los hallazgos adicionales, los cuales documentan pagos irregulares a nombre de personas fallecidas, una situación que, a su juicio, amerita una revisión exhaustiva y prioritaria por parte del gobierno federal.
Ante este panorama, la representante del blanquiazul manifestó su confianza en que las instancias federales competentes mantengan el curso de las indagatorias con total imparcialidad, apartándose de consideraciones políticas que pudieran entorpecer el esclarecimiento de los hechos.
Un llamado a la imparcialidad institucional
En el escenario político actual, donde las relaciones de parentesco con figuras de relevancia pública suelen generar suspicacias sobre posibles tratos preferenciales, la postura de la diputada panista pone sobre la mesa una exigencia fundamental: si existe una investigación, que avance, sin importar quiénes figuren en los expedientes o qué influencias políticas puedan rodearlos.
Para Vega, el criterio principal que debe regir este y cualquier otro caso de presunta corrupción es la estricta aplicación de la ley, garantizando que la ciudadanía reciba respuestas claras sobre el destino del erario y evitando que la impunidad se convierta en una constante dentro de las administraciones públicas.
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