Exigen a la delegación de Bienestar en Chihuahua liberar pensión retenida a adulta mayor desde hace seis años
En lo que calificó como una flagrante violación a los derechos humanos y un atentado contra la congruencia institucional, la regidora Ana Lilia Orozco alzó la voz este día para exigir a la Delegación de la Secretaría de Bienestar en la capital del estado que cumpla de manera inmediata con la entrega de la pensión correspondiente a la ciudadana Martina Barrón Ibarra, un trámite que lleva 6 años en el limbo administrativo.
Un peregrinaje prolongado en busca de justicia social
La problemática no es menor. Desde el año 2020, la señora Barrón ha realizado visitas cotidianas a las instalaciones de la dependencia federal, situadas sobre la tradicional avenida Ocampo en la ciudad de Chihuahua. Su objetivo ha sido constante y legítimo: obtener el plástico bancario que le permita acceder a los cajeros automáticos para retirar el recurso económico destinado a los adultos mayores, el cual se otorga de manera regular cada dos meses.
No obstante, la realidad para esta ciudadana ha estado marcada por la burocracia, la indiferencia y la falta de respuestas claras por parte de los operadores del programa federal. Tras una revisión exhaustiva de la situación, se confirmó que la afectada aparece en el padrón oficial de beneficiarios desde hace 6 años y que, dentro de las plataformas digitales de la propia institución, los recursos económicos se encuentran debidamente acreditados y liberados periodo tras periodo.
La opacidad financiera y el paradero de los recursos
Esta situación ha encendido las alarmas tanto en el entorno de la afectada como entre la ciudadanía y los representantes populares. La incógnita central que persiste tras media década de gestiones infructuosas es contundente: ¿dónde están los 230 mil 400 pesos que supuestamente debieron entregarse? O en su defecto, surge una interrogante aún más grave que amerita una investigación a fondo: ¿quién está cobrando esta pensión bimestral?
Los fondos públicos destinados a los sectores más vulnerables de la población están protegidos por la ley, por lo que cualquier desvío, retención injustificada o cobro irregular por parte de terceros constituye una falta grave que debe ser esclarecida por las instancias competentes de control y fiscalización.
Puertas cerradas y negativa a la rendición de cuentas
Ante la falta de soluciones por la vía administrativa ordinaria, la edil municipal decidió acompañar personalmente a la señora Martina Barrón hasta las oficinas de la dependencia federal para exigir una audiencia con los mandos responsables. Sin embargo, la comitiva se topó con un escenario de cerrazón institucional, ya que las autoridades del inmueble negaron la presencia de funcionarios que pudieran atender el reclamo y ofrecer una explicación formal.
Durante su protesta pacífica a las afueras del recinto, la regidora externó su indignación ante la actitud del personal gubernamental y enfatizó la necesidad de mantener las instituciones abiertas a la población.
“No es posible que hacia el interior de este edificio, que es público, cierren las puertas para que las personas que acudimos a realizar un trámite, no tengamos acceso; queremos entrevistarnos con los servidores públicos, ese es su papel, servir a la ciudadanía”, precisó Ana Lilia Orozco.
La exigencia se mantiene firme mientras la afectada y sus representantes buscan que la Secretaría de Bienestar a nivel federal tome cartas en el asunto, corrija las anomalías detectadas en la delegación estatal y garantice la restitución patrimonial y la justicia que por derecho le corresponden a la ciudadana Martina Barrón Ibarra tras años de espera.
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