Acusan falta de transparencia en la revisión del expediente
Un grupo de ciudadanos organizados ha alzado la voz ante lo que califican como una profunda opacidad por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). El motivo central de la inconformidad es la falta de respuestas claras y avances tangibles en torno a un expediente administrativo que fue interpuesto a principios de año, específicamente el 5 de enero, para indagar posibles daños ecológicos vinculados a una importante obra vial en la capital del estado.
De acuerdo con los reportes emitidos por los inconformes, la documentación oficial se encuentra actualmente estancada en la Unidad Jurídica de la dependencia federal. Pese a las múltiples solicitudes enviadas por la vía formal, la institución no ha emitido ningún dictamen definitivo ni ha compartido detalles sobre el estado actual de las indagatorias, lo que mantiene en la incertidumbre a los ciudadanos que promovieron la queja.
El meollo del conflicto: la omisión del impacto ambiental
El centro de la controversia recae sobre la actuación de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua. Dicha dependencia resolvió en su momento que la construcción de la llamada gaza del Reliz no generaría afectaciones al cauce federal del río Chuvíscar, motivo por el cual determinó que el proyecto no necesitaba someterse al riguroso proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.
Sin embargo, los denunciantes insisten en que esta decisión administrativa debe ser examinada a fondo bajo la lupa federal. Argumentan que una obra de tal magnitud posee el potencial de alterar gravemente los ecosistemas locales, por lo que debió tramitarse obligatoriamente el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), un mecanismo a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que sirve precisamente para prevenir daños ecológicos y fomentar la participación social.
Protestas y cuestionamientos a la vigilancia institucional
Ante la falta de claridad por parte de las autoridades, el colectivo convocó a una movilización pacífica frente a las oficinas de la representación federal, situadas exactamente en el bulevar Fuentes Mares número 9401. El objetivo principal de la protesta es presionar a los funcionarios para que destraben el expediente y garanticen el derecho ciudadano a la información.
Los inconformes advierten que este caso no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia preocupante en la planeación urbana local. Como ejemplo de ello, señalaron la iniciativa del Periférico Poniente 5, un proyecto que temen reactive las mismas dudas en cuanto al cumplimiento de las normativas de protección ambiental.
Mientras la Profepa continúe guardando silencio y el expediente permanezca sin una resolución pública, las dudas sobre la eficacia de los mecanismos de fiscalización seguirán vigentes, dejando en evidencia la necesidad urgente de una mayor rendición de cuentas por parte de las instituciones encargadas de velar por los recursos naturales del país.
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