Exigen al Poder Judicial de Chihuahua analizar a fondo el caso de madre detenida por presunto robo
Ante lo que calificaron como probables anomalías procesales y una posible vulneración a los derechos fundamentales, integrantes del poder legislativo local solicitaron la intervención de las instancias judiciales para esclarecer la situación jurídica de una ciudadana procesada penalmente.
Exhorto formal desde el poder legislativo
El diputado Oscar Daniel Avitia Arellanes presentó de manera formal una proposición con carácter de acuerdo, la cual contó con el respaldo de legisladoras y legisladores que integran la Sexagésima Octava Legislatura. El objetivo principal de este pronunciamiento es que el Tribunal de Control Judicial del Estado de Chihuahua supervise de manera rigurosa el expediente abierto contra Ninfa Jaqueline Monserrath Márquez González.
De acuerdo con la información expuesta durante la sesión celebrada el 22 de septiembre de 2026, los representantes populares advirtieron la existencia de posibles fallas en la integración de la carpeta de investigación, así como transgresiones a los principios constitucionales de presunción de inocencia y respeto al debido proceso.
Antecedentes de la detención en Ciudad Juárez
La relatoría de los hechos detalla que la ciudadana afectada, quien es madre de familia en Ciudad Juárez, se trasladó a la capital del estado el 19 de agosto junto a otras 31 personas con el propósito de asistir a un evento de capacitación laboral e institucional.
Tras concluir las actividades programadas, la mujer retornó a su localidad de origen. Sin embargo, al día siguiente de su regreso, fue interceptada y detenida por elementos de la policía municipal mientras se trasladaba a bordo de un automóvil contratado mediante una plataforma digital de transporte. Los agentes policiales vincularon el automotor con un asalto reportado el día previo en la zona.
Contradicciones en las pruebas y valoración judicial
El documento promovido por los legisladores subraya que existen indicios claros que comprobarían la imposibilidad física de que la acusada estuviera presente en la escena del ilícito al momento en que este se cometió. Pese a ello, acusan que los elementos probatorios referentes a la geolocalización y ubicación exacta de la ciudadana fueron desestimados por la autoridad judicial.
Asimismo, la propuesta señala una serie de incongruencias en la actuación de la judicatura, destacando que durante las audiencias iniciales la juzgadora admitió públicamente no tener plena certeza de que la persona captada en un video de seguridad fuera la imputada, para posteriormente cambiar de criterio y asegurar que se trataba de ella.
Impacto familiar y medidas cautelares
Los diputados puntualizaron que la procesada acumula más de 21 días recluida en un centro penitenciario. Dado que tiene bajo su cuidado y manutención a dos hijas menores de edad, exigieron que el caso sea evaluado contemplando de manera prioritaria el interés superior de la niñez.
En este sentido, el acuerdo insta a las autoridades competentes a reevaluar la proporcionalidad de las medidas cautelares impuestas, permitiendo de esta forma que la imputada enfrente su proceso en condiciones que garanticen una legítima y adecuada defensa jurídica.
Llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Finalmente, dentro de los resolutivos de la propuesta presentada por el diputado Oscar Daniel Avitia Arellanes, se incluyó un llamado a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El propósito es que este organismo autónomo dé puntual seguimiento a las denuncias de la defensa o bien valore la apertura de una investigación formal enfocada en esclarecer las presuntas violaciones a las garantías individuales cometidas durante la privación de la libertad y las etapas subsecuentes del juicio.
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