Exigen la liberación inmediata de César Jáuregui tras calificarlo como un preso político
En una reciente conferencia de prensa convocada ante diversos medios de comunicación, figuras reconocidas de la política local manifestaron su rechazo absoluto a la situación jurídica que enfrenta actualmente César Jáuregui Moreno. Entre los posicionamientos más firmes destacaron las declaraciones del excandidato a la gubernatura por Acción Nacional, Juan Blanco, y del exdiputado Memo Luján, quienes catalogaron abiertamente el arresto como un acto de persecución.
Denuncian irregularidades y un trasfondo político
Durante su encuentro con los reporteros, Juan Blanco fue categórico al señalar que la captura responde a motivaciones estrictamente políticas ligadas de manera directa a las aspiraciones del implicado. Asimismo, el exfuncionario calificó el procedimiento judicial como una evidente injusticia y un proceso lleno de anomalías legales que, según su perspectiva, le retrotrae de manera inevitable a los momentos difíciles que él mismo experimentó durante el año 2009.
Por su parte, Memo Luján secundó las expresiones de su compañero y profundizó en las presuntas fallas que presenta el expediente. Ambos políticos coincidieron en manifestar que la orden de aprehensión ejecutada carece por completo de sustento jurídico válido, advirtiendo de forma enérgica que mantendrán una postura vigilante ante lo que consideran un intento de amedrentar a cualquier ciudadano que aspire legítimamente a un puesto de elección popular.
Llamado a la democracia interna partidista
Más allá de las exigencias orientadas al ámbito legal y a la inmediata restitución de los derechos políticos de Jáuregui Moreno, los políticos aprovecharon la tribuna pública para enviar un mensaje contundente a la dirigencia y a la militancia de su partido político.
En este sentido, los ponentes enfatizaron la urgente necesidad de que la institución política recupere sus valores democráticos esenciales. Hicieron un llamado abierto para garantizar que la selección interna del próximo candidato se desarrolle mediante un proceso transparente, equitativo y verdaderamente abierto a la base militante, cerrando filas para evitar que conflictos de naturaleza interna deriven en acciones judiciales con presuntos fines de intimidación gremial o social.
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