Emergencia en Janos enciende las alertas institucionales
Un reciente siniestro registrado en las instalaciones migratorias del municipio de Janos, en el estado de Chihuahua, obligó a poner en marcha un operativo de desalojo urgente para salvaguardar la integridad de 33 personas que corrían peligro dentro del inmueble. El incidente ha provocado una profunda preocupación entre diversos sectores de la sociedad civil y colectivos defensores de derechos humanos, quienes han manifestado su inquietud ante la repetición de este tipo de emergencias en espacios administrados por el Estado.
A raíz de este suceso, distintas organizaciones no gubernamentales han levantado la voz para exigir a las autoridades competentes el esclarecimiento inmediato de los hechos, poniendo sobre la mesa la necesidad imperiosa de revisar los protocolos vigentes en materia de protección civil. La falta de claridad en los primeros momentos posteriores a la contingencia generó un clima de incertidumbre sobre el destino y la situación actual de los extranjeros que se encontraban en el sitio al momento de la conflagración.
El fantasma de Ciudad Juárez y la exigencia de transparencia
El impacto de este nuevo evento adquiere dimensiones críticas al recordar antecedentes trágicos en la misma entidad federativa. Al respecto, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria señaló que el caso ocurre en un contexto marcado por el antecedente del incendio registrado en 2023 en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas y otras resultaron lesionadas. Las organizaciones expresaron preocupación por la respuesta institucional ante un nuevo incendio ocurrido en una instalación migratoria del estado.
La memoria de aquella tragedia mantiene en máxima alerta a las agrupaciones civiles, las cuales vigilan de cerca cualquier anomalía en los centros de retención provisional. Por su parte, la Red Jesuita con Migrantes advirtió sobre la opacidad que ha rodeado el manejo posterior de la emergencia. De acuerdo con la Red Jesuita con Migrantes, hasta el momento no existe información pública suficiente sobre el lugar y las condiciones en que fueron reubicadas las 33 personas evacuadas, así como sobre su estado de salud tras el incendio.
Demandan revisión exhaustiva de la infraestructura
Ante el evidente riesgo que representan las instalaciones actuales, las agrupaciones protectoras de derechos humanos han canalizado exigencias formales hacia las instancias federales encargadas del control y la administración de los flujos de movilidad humana en el territorio nacional.
Las organizaciones solicitaron al Instituto Nacional de Migración una revisión inmediata de las condiciones de seguridad y protección civil de la estación migratoria de Janos, particularmente de la infraestructura, protocolos de emergencia y rutas de evacuación, además de los servicios de salud y atención para las personas que permanecen bajo su responsabilidad.
Asimismo, los colectivos insistieron en que no bastan las supervisiones superficiales tras los incidentes, por lo que demandaron que se adopten medidas correctivas verificables para evitar que un nuevo siniestro ponga en riesgo la vida e integridad de las personas migrantes. La exigencia central radica en garantizar que los espacios destinados al alojamiento temporal cumplan estrictamente con las normas internacionales de derechos humanos, salvaguardando en todo momento la vida de una población históricamente vulnerable ante la falta de garantías institucionales.
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