La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, anunció que se abrirán investigaciones internas que podrían derivar en sanciones administrativas e incluso penales contra servidores públicos señalados por omisiones en la atención del caso de Edith Guadalupe, joven localizada sin vida tras haber sido reportada como desaparecida.
El pronunciamiento ocurre en medio de una creciente presión social y mediática, luego de que familiares de la víctima denunciaran irregularidades en la actuación de las autoridades desde el primer momento en que solicitaron apoyo. La fiscal reconoció públicamente que existen señalamientos graves que deben ser esclarecidos y aseguró que no habrá tolerancia para conductas indebidas dentro de la institución.
Investigación bajo protocolo de feminicidio
Alcalde Luján detalló que el caso se indaga bajo el protocolo de feminicidio, lo que implica un enfoque especializado y con perspectiva de género. Sin embargo, aceptó que la actuación inicial de algunos funcionarios está bajo revisión, tras los reclamos de la familia, quienes acusan negligencia, malos tratos e incluso solicitudes de dinero para avanzar en las diligencias.
“La conducta indebida de cualquier servidor público es inaceptable”, sostuvo la fiscal, al tiempo que reiteró que se aplicarán las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables, ya sea dentro de la Fiscalía o en otras instituciones vinculadas al caso.
Hallazgo tras presión de la familia
Edith Guadalupe fue vista por última vez el 15 de abril, cuando salió de su domicilio rumbo a una supuesta entrevista de trabajo. Dos días después, el 17 de abril, su cuerpo fue localizado en el sótano de un inmueble ubicado sobre Avenida Revolución, casi esquina con Rubens, en la alcaldía Benito Juárez.
De acuerdo con los familiares, desde el primer día alertaron a las autoridades, pero no recibieron la respuesta esperada. Denunciaron que incluso en el Ministerio Público les sugirieron esperar 72 horas y plantearon hipótesis sin sustento, como una posible salida voluntaria con amistades o pareja.
Familia acusa abandono institucional
Los allegados de la víctima aseguran que fueron ellos quienes impulsaron la investigación inicial. Relataron que acudieron al edificio donde Edith fue citada, pero se les negó acceso a las cámaras de seguridad. Ante la falta de respuesta oficial, obtuvieron por su cuenta imágenes de cámaras privadas que confirmaron el ingreso de la joven al inmueble a bordo de un mototaxi, sin registro de salida.
Además, señalaron que contrataron a un investigador privado con recursos propios, lo que —afirman— permitió avanzar en la localización. También denunciaron presuntos actos de extorsión por parte de personal de la Fiscalía, quienes habrían solicitado dinero para agilizar el caso.
Estas acusaciones detonaron protestas y bloqueos en la zona de Avenida Revolución, donde familiares y conocidos exigieron la localización de Edith y una actuación diligente por parte de las autoridades.
Acompañamiento y revisión institucional
La fiscal capitalina informó que la dependencia mantiene acompañamiento permanente a la familia y subrayó el compromiso de garantizar el acceso a la justicia. Asimismo, indicó que se lleva a cabo una revisión exhaustiva sobre la actuación de los funcionarios involucrados, en un intento por deslindar responsabilidades y evitar la repetición de fallas.
El caso ha puesto nuevamente bajo escrutinio los protocolos de atención a desapariciones en la Ciudad de México, así como la capacidad de respuesta institucional ante denuncias urgentes, en un contexto donde colectivos y familias reclaman mayor eficacia y sensibilidad por parte de las autoridades.
La entrada FGJCDMX investiga a su propio personal por presuntas omisiones en caso de Edith Guadalupe; familia acusa negligencia y extorsión se publicó primero en La Chispa.
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