Fiscalía impugnará el arresto domiciliario otorgado al conductor implicado en el choque del hospital Ángeles
La institución encargada de la procuración de justicia en la región ha tomado una postura firme tras la reciente determinación judicial en uno de los casos viales más sonados de los últimos tiempos. En los próximos días, la Fiscalía de Distrito Zona Centro interpondrá formalmente un recurso de apelación en contra de la resolución emitida por un juez de control, quien decidió modificar la medida cautelar que mantenía tras las rejas al automovilista responsable del trágico accidente registrado frente a las instalaciones del hospital Ángeles.
Incoherencia en los criterios judiciales, acusa el Ministerio Público
El fiscal del caso, Heliodoro Araiza, manifestó su profundo desacuerdo con el cambio de estrategia jurídica decretado por el juzgador. Según los argumentos expuestos por la dependencia estatal, la modificación que permitió sustituir la prisión preventiva oficiosa por el arresto domiciliario carece de sustento técnico y jurídico sólido, especialmente si se toma en cuenta que el propio tribunal había respaldado de manera consistente la postura del Ministerio Público en dos ocasiones previas.
Para la representación social, los riesgos procesales que motivaron originalmente la reclusión del imputado siguen vigentes, por lo que resulta incomprensible el giro en la decisión del órgano jurisdiccional. La fiscalía argumenta que la gravedad de los hechos exige mantener la medida más restrictiva para garantizar la presencia del presunto responsable durante todo el proceso penal y evitar cualquier intento de evasión de la justicia.
Medidas cautelares alternativas y vigilancia estricta
Por su parte, Adriana Villalba, quien se desempeña como coordinadora de la Unidad de Delitos contra la Vida, detalló las disposiciones complementarias que el juez impuso al procesado tras otorgarle el beneficio de la libertad condicional bajo resguardo domiciliario. Entre los lineamientos establecidos figuran la implementación de un sistema de vigilancia constante, la prohibición absoluta de abandonar la demarcación territorial y el uso obligatorio de un brazalete electrónico.
Asimismo, la funcionaria indicó que la autoridad judicial contempló restricciones severas destinadas a inhibir conductas de riesgo reincidentes. Dentro de estas disposiciones destacan la prohibición temporal de conducir cualquier tipo de vehículo motorizado y la obligación de someterse a pruebas toxicológicas semanales para constatar el consumo o abstinencia de sustancias prohibidas durante el desarrollo del proceso legal.
La batalla legal continuará en tribunales superiores
A pesar del cúmulo de restricciones impuestas por el tribunal al momento de conceder el arraigo domiciliario, la postura de la fiscalía se mantiene inquebrantable. Desde la perspectiva de los investigadores y fiscales del caso, ninguna de estas medidas suple de manera adecuada el rigor que exige la naturaleza del delito cometido ni compensa la falta de variación real en las condiciones originales del imputado.
Con la presentación formal de la apelación anunciada para los siguientes días, el caso pasará a manos de una instancia superior, la cual tendrá la responsabilidad de analizar los argumentos de ambas partes y determinar si el conductor debe regresar a un centro penitenciario o si, por el contrario, continuará enfrentando su proceso bajo el resguardo de su domicilio particular.
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