Tensión política por advertencias judiciales
La confrontación política en el estado de Chihuahua escaló de manera significativa luego de las declaraciones emitidas por la gobernadora Maru Campos, quien cuestionó firmemente las intenciones del alcalde con licencia y candidato a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar, de interponer recursos legales en contra de aquellos actores políticos y ciudadanos que lo señalen públicamente.
Durante un encuentro con los medios de comunicación, la titular del Ejecutivo estatal abordó las advertencias del aspirante opositor, quien había manifestado su disposición de acudir a los tribunales para frenar las descalificaciones que lo vinculan con actividades delictivas bajo el mote de «narcocandidato». Ante este escenario, Campos fue tajante al señalar que ninguna figura pública con aspiraciones a puestos de elección popular debe intentar coartar los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La postura frente a los señalamientos públicos
La mandataria enfatizó que los participantes en la contienda electoral deben estar preparados escrutinio público, el cual incluye críticas severas y señalamientos propios de la dinámica democrática. Asimismo, sugirió que la reacción del candidato refleja un trasfondo de intranquilidad ante las acusaciones que circulan en su contra dentro del debate político actual.
«Él puede hablar y se ha expresado en contra de muchas personas. El que nada debe, nada teme. Yo creo que ya de entrada está preocupado porque le llamen narcocandidato», señaló Maru Campos al recordar los recientes amparos y advertencias de proceder jurídicamente que emitió el edil con licencia durante el transcurso de la semana.
Para la administración estatal, intentar silenciar a críticos o adversarios mediante amenazas de demandas judiciales representa un atentado directo contra la libertad de expresión, un principio que —aseguró— debe prevalecer sin excepciones en cualquier proceso democrático transparente.
Crítica a la resolución de la Suprema Corte y al Poder Legislativo
En el mismo contexto de seguridad y legalidad electoral, la gobernadora aprovechó la oportunidad para externar su profunda preocupación por el panorama político actual y los vacíos legales que permiten la participación de perfiles cuestionados en las urnas.
La mandataria centró parte de sus críticas en la reciente resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual anuló la facultad institucional para revisar minuciosamente y revocar candidaturas que presenten probables nexos con la delincuencia organizada. A juicio del gobierno estatal, esta determinación jurídica debilita los filtros de integridad que la ciudadanía demanda en los comicios.
Asimismo, la jefa del Ejecutivo estatal reprochó la inacción de los legisladores locales pertenecientes a la bancada de Morena en el Congreso del Estado de Chihuahua, a quienes acusó de omisión ante este vacío normativo. Según su perspectiva, los diputados locales eludieron su responsabilidad legislativa al no blindar los procesos electorales locales, permitiendo de este modo que individuos con posibles vínculos con la criminalidad obtengan la oportunidad de competir por cargos públicos.
Para cerrar su intervención ante la prensa local, la gobernadora envió un mensaje directo a la sociedad chihuahuense, instando a la población a mantenerse vigilante y consciente de las decisiones tomadas por las distintas fuerzas políticas en materia de seguridad y legalidad: «Eso que quede claro para los chihuahuenses», concluyó.
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