Gobierno estatal rechaza acuerdo federal para discapacidad al considerarlo financieramente inviable y un riesgo operativo
La controversia en torno a la atención de los sectores vulnerables escaló luego de que la administración estatal fijara postura frente a las demandas de diversos colectivos. La exigencia ciudadana para que el Ejecutivo local suscribiera el acuerdo propuesto por la Secretaría de Bienestar encontró una negativa rotunda por parte de las autoridades competentes, quienes argumentan que la medida pondría en riesgo la estabilidad financiera de la región.
Inviabilidad económica y recortes presupuestales
En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, Jesús Carrillo Castillo, titular de Desarrollo Humano y Bien Común, calificó de «inoperante» el convenio planteado por el gobierno federal para la atención integral de las personas con discapacidad.
El funcionario argumentó que el esquema de aportaciones bipartitas exigido por la Federación no resulta factible en el contexto económico actual. Según detalló, el estado enfrenta un panorama adverso marcado por los constantes recortes a las participaciones federales, una situación que merme de manera directa las finanzas locales y limita la capacidad de maniobra presupuestal de la administración.
Riesgo de colapso institucional
La falta de equilibrio en los recursos que se exigen comprometería de forma severa la operatividad del gobierno. En este sentido, Carrillo Castillo advirtió que aceptar el acuerdo bajo los términos actuales implicaría en la práctica la desaparición de la dependencia a su cargo, al verse imposibilitada para cumplir con sus funciones sustantivas y de asistencia social.
Pese al rechazo de este mecanismo específico, el representante gubernamental reiteró la total disposición del Estado para respaldar y salvaguardar los derechos de este sector prioritario de la población, aclarando que la negativa no significa desatención, sino la búsqueda de esquemas que verdaderamente se ajusten a la realidad financiera de la entidad.
Señalamientos de tintes políticos
Durante su encuentro con la prensa, el funcionario fue más allá al cuestionar las motivaciones detrás de la propuesta federal y la presión ejercida por los grupos manifestantes. A su juicio, el planteamiento oficial carece de una justificación técnica lógica y parece responder más a un intento de golpeteo político que a una genuina preocupación por resolver las necesidades de las personas con discapacidad.
Para concluir, el titular de Desarrollo Humano y Bien Común enfatizó que si el Gobierno Federal tuviera una verdadera voluntad de coadyuvar en el bienestar de la ciudadanía, cuenta con la facultad y los mecanismos presupuestales para destinar sus propios recursos de manera directa, sin necesidad de imponer fórmulas de financiamiento que asfixien las economías de los gobiernos estatales.
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