Operativo en Morelos y Querétaro dejó seis detenidos; autoridades federales investigan corrupción municipal, extorsión y vínculos con cárteles criminales.
Como parte de la estrategia federal contra la delincuencia organizada y la corrupción institucional, autoridades de seguridad ejecutaron órdenes de aprehensión en Morelos y Querétaro contra seis personas, entre ellas alcaldes, funcionarios municipales, empresarios y actores políticos presuntamente relacionados con una red de extorsión y protección criminal en la región oriente de Morelos.
Durante una conferencia encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se informó que los operativos derivan de investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la SSPC, tras detectar actividades de cobro de piso, amenazas y control territorial ejercidos por grupos criminales en municipios como Cuautla.
Entre los detenidos se encuentran Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan; Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla; Horacio “N”, secretario municipal de Cuautla; Jonathan “N”, tesorero municipal; además del empresario Pablo Adrián “N” y Arisbel Rubí “N”, excandidata a una presidencia municipal.
Las autoridades señalaron que las investigaciones apuntan a una presunta red de complicidades entre servidores públicos y operadores criminales vinculados con un líder regional del Cártel del Pacífico, organización que habría recibido facilidades para operar en el oriente de Morelos.
El funcionario federal confirmó además que continúa la búsqueda de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, quien cuenta con una orden de aprehensión pendiente por su probable participación en los hechos investigados.
De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera anunció el congelamiento de cuentas y el bloqueo financiero de 32 sujetos relacionados con esta estructura: 22 personas físicas y 10 empresas presuntamente involucradas en operaciones ilícitas y esquemas de corrupción.
Las acciones forman parte del reforzamiento de seguridad ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum desde abril pasado, estrategia que incrementó la presencia de fuerzas federales y amplió las capacidades de inteligencia en Morelos.
El Gabinete de Seguridad sostuvo que estas detenciones buscan desarticular redes de protección política y financiera que permitieron el crecimiento de actividades criminales que afectaban a comerciantes, transportistas y familias de la región.
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