Greenpeace urge detener la tala desmedida y asegurar controles en las cadenas productivas para salvar la Amazonía
En el marco del conmemorativo Mes de la Amazonía que se celebra cada septiembre, la organización ambientalista Greenpeace Colombia ha lanzado una advertencia contundente sobre el futuro de los ecosistemas boscosos en el país. De acuerdo con la entidad, los esfuerzos gubernamentales e institucionales para salvaguardar estas zonas clave deben centrarse en detener de forma categórica la pérdida de masa forestal y, al mismo tiempo, cerrar las brechas de control y fiscalización en las cadenas de valor comercial.
Radiografía de una crisis ambiental en parques nacionales
Un seguimiento técnico y detallado llevado a cabo por la organización no gubernamental en tres reservas ecológicas de vital importancia —específicamente en los parques nacionales naturales Sierra de La Macarena, Serranía de Chiribiquete y Tinigua— arrojó datos alarmantes que ilustran la magnitud de la problemática actual en la región amazónica colombiana.
Los registros analizados indican que, durante el periodo comprendido entre 2013 y 2025, la región sufrió una devastadora destrucción que alcanzó las 95.867 hectáreas de bosque nativo. De esta cifra global, un total de 8.896 hectáreas desaparecieron únicamente a lo largo del año 2025, evidenciando que la velocidad de degradación se mantiene como una amenaza crítica y persistente.
Estos hallazgos demuestran con claridad que la mera figura legal de declarar un territorio como área protegida resulta insuficiente por sí sola para blindar la biodiversidad y asegurar la supervivencia a largo plazo de la cobertura vegetal frente a las presiones humanas y económicas.
Causas estructurales y la necesidad de una trazabilidad estricta
Para la agrupación ecologista, el abordaje de la crisis ambiental no puede limitarse a documentar geográficamente dónde se producen las talas ilegales. Es imperativo atacar los motores económicos que impulsan esta destrucción y bloquear cualquier posibilidad de que los productos derivados de estas prácticas ilegales logren filtrarse en los mercados nacionales e internacionales sin una supervisión rigurosa.
Entre los factores determinantes que presionan fuertemente sobre las fronteras naturales destaca de manera primordial la expansión descontrolada de la ganadería extensiva. Ante este escenario, la normativa conocida como la Ley 2585 de 2026 de Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación ha sido calificada por los portavoces de la organización como un mecanismo que representa una oportunidad histórica para avanzar hacia cadenas más transparentes.
El reto de la reglamentación y la transparencia pública
Pese a reconocer el potencial legislativo de la nueva normativa para transformar las dinámicas del sector agropecuario, Greenpeace ha querido matizar su postura enfatizando que el verdadero éxito de estas medidas no dependerá de su aprobación inicial, sino de la implementación de directrices reglamentarias firmes.
La organización subrayó la necesidad imperiosa de diseñar un marco normativo estricto que garantice de forma efectiva una trazabilidad pública y verificable en toda la cadena productiva, asegurando de este modo que los consumidores y los mercados globales tengan la certeza absoluta de que los bienes comercializados no provienen de suelos ganados ilegalmente a la selva amazónica.
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