Una herramienta técnica para la protección de mujeres y niñas
Con el objetivo de transformar los protocolos de prevención y salvaguardar la vida de las ciudadanas, el diputado federal Felipe Miguel Delgado Carrillo, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa formal para instituir la denominada cédula nacional de riesgo feminicida. Este mecanismo funcionará como un instrumento técnico de carácter obligatorio en todo el territorio mexicano, diseñado para que ministerios públicos, tribunales y diversas instancias administrativas evalúen con precisión el nivel de peligro que enfrentan las mujeres, adolescentes y niñas.
La propuesta legislativa ya fue canalizada hacia las comisiones unidas de Igualdad de Género y de Seguridad Ciudadana para su respectivo dictamen, mientras que la Comisión de Justicia emitirá una opinión al respecto. Para consolidar su implementación, el proyecto contempla modificaciones sustanciales a cuatro ordenamientos jurídicos fundamentales: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal.
Funcionamiento operativo y aplicación inmediata
De acuerdo con la normativa planteada, la evaluación del riesgo se complementará con valoraciones médicas y psicológicas cuando la situación lo amerite. Cualquier autoridad policial, administrativa o ministerial que reciba una solicitud o tenga conocimiento de un caso de violencia estará facultada para aplicar este instrumento. Un aspecto central de la propuesta es que la atención no quedará condicionada a que la víctima presente una denuncia formal, permitiendo que la intervención se active tan pronto como la institución identifique indicios suficientes por cualquier otra vía.
El documento establece que a cada categoría de peligro le corresponderá un piso mínimo de medidas u órdenes de protección que deberán otorgarse de manera oficiosa. Asimismo, las autoridades tendrán la obligación legal de consultar el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección antes de tomar cualquier determinación sobre la modificación, emisión o suspensión de dichas salvaguardas. En caso de que se registre un desacato a estas disposiciones cautelares, la norma exigirá una reevaluación inmediata mediante la cédula y la asignación del respaldo correspondiente.
Coordinación institucional y nuevas sanciones penales
El proyecto también contempla modificaciones en materia de seguridad pública. Específicamente, se propone adicionar un párrafo al artículo 110 de la ley correspondiente para que los Centros de Comando y Control (C2 y C4) verifiquen el registro nacional al recibir llamadas de auxilio por violencia de género, informando a las corporaciones operativas sobre la existencia de órdenes vigentes y el grado de peligro estimado.
En el ámbito punitivo, la iniciativa busca reformar el artículo 325 del Código Penal Federal para incorporar una agravante específica en el delito de feminicidio. Se estipula un aumento de hasta un tercio en la pena cuando el agresor cometa el ilícito teniendo vigente una orden de protección en su contra. Actualmente, este delito contempla sanciones privativas de libertad que van de los cuarenta a los sesenta años de prisión, acompañadas de multas económicas que oscilan entre los quinientos y los mil días.
Adicionalmente, se modificará el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para tipificar como abuso de funciones la omisión por parte de cualquier servidor público que evite la aplicación obligatoria de la cédula de riesgo.
Diferencias con otros protocolos de búsqueda
Para evitar confusiones operativas, el legislador aclaró que esta nueva herramienta no guarda relación con la Alerta AMBER ni con el Protocolo Alba. En los considerandos de la iniciativa, el diputado puntualizó que aquellos mecanismos difunden públicamente los datos de personas que ya han desaparecido para pedir colaboración ciudadana, operando de manera reactiva tras el suceso. En contraste, la cédula nacional actúa de manera preventiva mientras la mujer se encuentra viva y localizable, midiendo la amenaza y obligando a la acción institucional sin necesidad de divulgación pública.
El contexto que respalda esta propuesta refleja una problemática persistente en el país. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentaron 721 feminicidios durante el año 2025, mientras que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares revela que apenas el 10.5 por ciento de las mujeres que sufren agresiones formalizan una denuncia ante las instancias de procuración de justicia.
