Gobierno convocará 16 mil 728 comunidades para construir ley que fortalezca , derechos colectivos, consulta previa y personalidad jurídica indígena.
El Gobierno de México puso en marcha el proceso de consulta nacional para la elaboración de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un ejercicio que busca incorporar directamente las propuestas de 16 mil 728 comunidades pertenecientes a 69 pueblos indígenas y un pueblo afromexicano, que en conjunto representan a 25.8 millones de personas.
Durante la Mañanera del Pueblo, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, anunció la firma de la convocatoria, la cual será publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, dando inicio formal a un proceso de alcance nacional considerado inédito por el gobierno federal.
El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, destacó que la propuesta legislativa deriva de la reforma al artículo segundo constitucional publicada en septiembre de 2024 y busca consolidar el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La iniciativa plantea fortalecer la libre determinación y la autonomía de las comunidades, además de garantizar mecanismos para su participación en las decisiones públicas y la protección de sus derechos colectivos.
El proyecto está integrado por ocho libros que contemplan temas como libre determinación, derechos de mujeres, niñas, niños y jóvenes indígenas, protección de personas migrantes, adultos mayores y con discapacidad, así como los procedimientos de consulta y consentimiento libre, previo e informado.
Entre las innovaciones destaca la creación del juicio de amparo indígena y afromexicano, instrumento jurídico diseñado para garantizar la defensa de los derechos colectivos de los pueblos originarios.
La consulta contará con la participación del INPI, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia, además de un Comité Técnico Institucional integrado por 21 dependencias federales. También participarán como acompañantes la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como observadora, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, organismos de Naciones Unidas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y observadores acreditados.
Las autoridades informaron que el proceso se desarrollará en cinco etapas. La primera corresponde a la publicación de la convocatoria; posteriormente, del 1 de julio al 6 de agosto se realizará la fase informativa mediante la distribución de materiales en las comunidades.
Del 7 de agosto al 13 de septiembre se efectuarán 82 asambleas regionales y siete mesas especiales en distintas ciudades del país, donde cada comunidad deliberará conforme a sus usos y costumbres. Después, entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre, se analizarán e incorporarán las propuestas recibidas.
Finalmente, el 12 de octubre, en el Día de la Nación Pluricultural y de la Resistencia Indígena, el Ejecutivo federal prevé presentar al Congreso de la Unión la iniciativa de ley enriquecida con las aportaciones de los pueblos y comunidades participantes.
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