El entramado de seguridad y el rol clave del exdirector de inteligencia
Los expedientes elaborados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos colocan al general Audomaro Martínez como la pieza central y segundo al mando dentro de la estructura criminal tejida durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ambos originarios de Tabasco, se conocieron en la década de los ochenta mientras el militar cumplía funciones en la 30ª Zona Militar en Villahermosa. Con el paso de los años, el vínculo se fortaleció hasta convertirlo en el responsable de la seguridad personal en sus distintas campañas políticas. Al asumir la titularidad del Poder Ejecutivo, López Obrador lo designó al frente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), desde donde se configuró un sistema de alto impacto en el terreno político, diplomático y de seguridad.
Las tensiones bilaterales no son recientes. Ya en la gestión de Christopher Landau como embajador estadounidense en México, la representación diplomática presentó quejas formales luego de que Martínez presuntamente filtrara identidades de agentes de inteligencia norteamericanos a la Embajada de Rusia. Ante los reclamos, la respuesta presidencial restó gravedad al asunto. Esta dinámica ha persistido bajo la administración de Claudia Sheinbaum, permitiendo que la legación diplomática rusa mantenga una plantilla que supera en un 20% sus necesidades operativas reales, una situación que agencias extranjeras atribuyen a actividades de espionaje.
Testigos colaboradores y señalamientos por contrabando de combustible
Este diferendo diplomático avanza de manera simultánea a las pesquisas sobre presuntas operaciones ilícitas durante el sexenio anterior. Recientemente, información procedente de Washington e ingresada a través del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch —quien enfrenta presiones políticas tras el destape anticipado de su candidatura presidencial por parte del senador Manuel Velasco—, encendió las alarmas. De acuerdo con testimonios de colaboradores cercanos, incluidos algunos de los 92 mexicanos deportados de manera irregular a Estados Unidos, el general Martínez estaría directamente vinculado con el contrabando de hidrocarburos, una modalidad más lucrativa derivada del huachicol tradicional.
Durante años, el nombre del general se mantuvo al margen del escrutinio público masivo. Sin embargo, el año pasado, ante la sospecha de que autoridades estadounidenses intentaran su captura en territorio canadiense, interrumpió su autoexilio en Vancouver para refugiarse en el sur del país, aunque con ramificaciones empresariales en Tamaulipas. Caracterizado por su perfil reservado, el exfuncionario confiaba en la protección institucional que ahora muestra signos de preocupación ante los reportes recibidos desde Washington.
La jerarquía de la red y las conexiones con el narcotráfico
Dentro de los organigramas construidos por la inteligencia norteamericana, el Número 1 de la estructura es identificado como el exmandatario federal, seguido por el general Martínez como el Número 2. En los siguientes peldaños figuran el senador Adán Augusto López Hernández como el Número 3 y el subsecretario Leonel Cota como el Número 4, acompañados por diversos secretarios de Estado, dirigentes partidistas, legisladores y gobernadores.
Las alertas procedentes del gobierno de Donald Trump sugieren posibles nexos con la red del fallecido empresario tamaulipeco Sergio Carmona, quien financió campañas electorales para gubernaturas en 2021 y fue asesinado a finales de ese mismo año. Según datos de inteligencia, Carmona fungía como el enlace principal del general Martínez con los principales cárteles del país, habiendo sostenido reuniones clave en Puerto Vallarta con operadores de alto rango del narcotráfico poco antes de ser ejecutado.
Las proyecciones de los funcionarios mexicanos advierten que las pesquisas podrían extenderse hacia otros actores políticos y operadores vinculados a dicho círculo, abarcando desde exdirectores de aduanas hasta legisladores y representantes legales. La relevancia de este caso radica en que representa el primer señalamiento formal y directo contra el general Martínez, trascendiendo las solicitudes aisladas de información que se habían manejado en los últimos meses.
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