Una crisis silenciosa que afecta a millones de hogares
El presidente Javier Milei desató la polémica al minimizar la crisis financiera que padecen millones de ciudadanos en el país. Ante la consulta sobre los 20 millones de argentinos que arrastran pasivos financieros, el mandatario cuestionó: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para endeudarse?”.
La situación refleja un marcado contraste entre el discurso oficial y la realidad diaria. De acuerdo con los registros, 5,8 millones de personas acumulan retrasos superiores a 90 días, principalmente con tarjetas de crédito, plataformas digitales y financiadores informales.
Los indicadores del Banco Central muestran que la morosidad en hipotecas residenciales trepó al 12,7% en junio, quintuplicando la media histórica. Por su parte, el sector fintech registra un impago del 30% en monederos electr&onicos.
Supervivencia cotidiana y tasas impagables
Un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que las obligaciones impagas aumentan de forma sostenida. Hernán Letcher, director del organismo, explicó que la morosidad prolongada responde al deterioro del poder adquisitivo.
“Tuvimos la pérdida del poder adquisitivo sobre todo por el salto en las tarifas y en el transporte, que llevó a muchas personas a tener que financiar gastos esenciales con tarjetas de crédito y billeteras virtuales (monederos electr&onicos) –éstas ni siquiera te prestan por nivel de ingreso, sin control–. Cuando le preguntas a una persona que debe, no tiene un problema, tiene cinco: les debe a tres bancos y a dos monederos electrónicos. Y las altas tasas agravaron un problema cuyo origen es la falta de ingreso”, detalló el especialista.
Organizaciones sectoriales coinciden en que los ciudadanos no solicitan financiamiento para invertir o adquirir bienes duraderos, sino para cubrir necesidades básicas de subsistencia frente a intereses desproporcionados.
El debate sobre la intervenciD3n estatal y el hostigamiento
Frente a este escenario, el jefe de Estado sostiene que los compromisos financieros corresponden a un asunto “entre privados” donde el Estado debe mantenerse al margen. No obstante, la magnitud del problema obligó al Banco Nación a instrumentar mecanismos de asistencia para morosos.
Desde la perspectiva de los afectados, la abogada laboralista Tamara Bezares advirtió sobre los abusos en los procesos de cobranza y la sobreexposición crediticia.
“Las deudas son derivadas a varios estudios de cobranzas, no lo llevan adelante abogados, sino personas administrativas. No propician un trato digno como establece la ley de defensa del consumidor. Si bien cobrar es lícito, el límite es la dignidad humana, la salud física y mental: no te pueden llamar todo el tiempo para cobrar, ni los fines de semana, ni a familiares o compañeros de trabajo”, sostuvo Bezares.
Los sectores de menores ingresos, especialmente los jubilados, sufren las consecuencias más severas. Con una jubilación mínima fijada en 490.000 pesos en agosto de 2026, más de 1,3 millones de adultos mayores mantienen deudas con prestamistas no bancarios.
“Donde está el grupo más débil, es donde hay más deuda y menos salidas”, puntualizó Bezares, quien añadió que “los prestamistas informales recurren a amenazas y métodos cuasi-delictivos. Por ejemplo, una señora que cobra la jubilación mínima que me llamó para asesorarse contó que les debía cien mil pesos (66 dólares) a 10 personas diferentes. Entraron a su casa y se llevaron su nevera”.
About the Author
