Por Manuel Ocaño
“No me chingue”, dijo David, un jardinero de Michoacán, al enterarse de las nuevas disposiciones de la administración Trump contra la economía de los indocumentados. “No es broma, ¿verdad?”.
Nómadas le mostró en un celular algunos de los datos más recientes.
Ahora hay una multa de $18 mil dólares para cada indocumentado detenido al cruzar o luego de pasar la frontera; la misma tarifa es para solicitantes de asilo y para menores de edad que cruzan la franja fronteriza sin compañía de adultos.
La administración Trump elevó esa multa en 260 por ciento –era de $5 mil desde octubre pasado–, porque argumenta gasto de recursos al buscar, detener y procesar deportaciones de migrantes.
Casi paralelamente una nueva ley convierte a todo indocumentado en sospechoso de lavar dinero para el narcotráfico, así que desde ahora los migrantes sin permiso no podrán enviar remesas a sus familiares.
La misma ley anula el secreto bancario, exige que bancos como Wells Fargo y US Bank que desde el 2003 han aceptado la Matrícula Consular Mexicana como identificación valida para abrir cuentas, ahora exijan pruebas de residencia legal en el país a los migrantes, o les pueden congelar fondos, cerrar sus cuentas y dar información a las autoridades.
Así que lamentablemente no es broma, comprendió David, quien también hace trabajos ocasiones de puntuda de casas y restauración de muebles finos de madera. ¿Cómo es que no se había enterado antes?
Explicó que ha vivido en una permanente crisis nerviosa desde que comenzó la segunda administración Trump hace 16 meses, especialmente desde que supo que el Servicio de Tributación Interna (IRS) comenzaría a compartir informaciones con la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia encargada de la deportación masiva.
Para evitar problemas mayores, David como muchos indocumentados ha pagado impuestos, pero al carecer de tarjeta y número de seguro social –equivalente al CURP, por dar una idea–, usa un Número de Identificación Personal de Contribuyente (ITIN), que incluye datos como sus direcciones de vivienda y empleo, y sus ingresos.
David de hecho no se ha enterado mucho de las noticias porque no ha querido. Algunas tardes del año pasado al regresar de trabajar veía noticieros en su celular y después de eso ya no podía dormir, y luego tenía que ir al trabajo sin haber descansado. “Una vez fueron tres noches seguidas, no me quiero agotar así, porque podría tener un accidente”, dijo.
Lo que percibe es que la administración Trump propicia la auto deportación al bloquear gradual y sistemáticamente todas las opciones para que los migrantes logren permanecer en el país, pero es en la vida económica de los migrantes donde más les golpea.
Desde el día que Trump regresó a la Casa Blanca, por ejemplo, entró en vigor una multa de $998 dólares por cada día que un indocumentado permanezca en el país después de que un tribunal ordene que salga de Estados Unidos.
A muchos migrantes la medida les tomó por sorpresa, pues aplica lo mismo a quienes se quedaron para apelar la decisión, o porque de pronto les era imposible rehacer su vida en otro lugar.
Pero para los que, independientemente de las razones, se habían retrasado un año en salir, por ejemplo, casi $365,000 dólares de multa resultaban impagables, es una cantidad que difícilmente habrían podido ahorrar después de años, tal vez décadas de trabajo.
El máximo de esa multa es de cinco años, que equivale a $1,825,000 dólares, el equivalente a comprar una casa nueva de lujo en muchos estados y cantidad que seguramente ningún migrante ha visto junta en su vida.
David piensa que la serie de medida económicas que no paran contra los migrantes equivalen a “quitar el agua a los peces”; dijo que “si venimos es a trabajar, para sacar a nuestras familias adelante, y si nos quitan esa oportunidad, y además corremos tantos riesgos, la verdad es que muchos van a tirar la toalla”.
“Yo voy a seguir por mientras, un día a la vez. Ya después veremos”, dijo.
El cargo La guerra económica de Trump contra los migrantes indocumentados apareció primero en NÓMADAS.
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