Una propuesta para modernizar el catastro sin modificar impuestos
Recientemente, junto con el Paquete Económico 2027, el Ejecutivo federal turnó a la Cámara de Diputados una propuesta legislativa centrada en la coordinación y homologación de los registros en el país. Aunque en un principio se especuló sobre un posible incremento en las tarifas de recaudación local, la normativa no contempla modificaciones tributarias directas.
El documento plantea la creación de herramientas tecnológicas clave, entre las que destacan un Plan Nacional Catastral, un Plan Nacional Registral y una Plataforma Nacional Catastral operada por la Agencia de Transformación Digital. Asimismo, se establece el uso obligatorio de una Clave Única Catastral para cada propiedad, vinculada directamente al folio real del Registro Público de la Propiedad.
Las administraciones estatales y municipales tendrán como fecha límite el 31 de diciembre de 2026 para adoptar este sistema digital y un plazo de 180 días para armonizar sus normativas locales. La implementación no incluirá partidas presupuestales federales extraordinarias, por lo que cada orden de gobierno deberá absorber los costos operativos correspondientes.
El rezago en la información y la recaudación nacional
El principal obstáculo que busca superar esta legislación es la fragmentación informativa. Actualmente, el territorio nacional cuenta con más de dos mil registros catastrales desconectados entre sí y carentes de un identificador común estandarizado.
En el plano internacional, el panorama evidencia un bajo rendimiento fiscal en esta materia. De acuerdo con datos de la OCDE, México recauda el equivalente a 0.3 por ciento del PIB por concepto de impuestos a la propiedad, una cifra lejana al 0.8 por ciento registrado como promedio en América Latina y al 1.7 por ciento del bloque europeo y norteamericano.
Específicamente, el gravamen inmobiliario ronda el 0.2 por ciento del PIB, lo que representó aproximadamente 78 mil millones de pesos según cifras de 2024. De este total, la capital del país concentra cerca de una tercera parte, mientras que la mitad de la recaudación nacional dependía de veintiséis municipios.
Las deficiencias operativas quedan expuestas al analizar las estadísticas del INEGI. Durante 2024, los gobiernos municipales proyectaron captar 92 mil 800 millones de pesos por este concepto, pero la cifra real obtenida fue de 48 mil 700 millones de pesos, es decir, únicamente el 52.5 por ciento de lo presupuestado. Además, tres de cada cuatro demarcaciones carecen de opciones digitales de pago y al menos 350 municipios no realizan actividades catastrales formales.
Retos locales y el verdadero potencial fiscal
Pese a la relevancia de la plataforma digital propuesta, los alcances de la iniciativa son principalmente de infraestructura informativa y no obligan a los congresos locales a modificar las tablas de valores catastrales, facultad que continúa reservada a nivel municipal y estatal bajo el marco constitucional.
Los especialistas señalan que los efectos recaudatorios de esta reestructuración tardarán años en reflejarse, pues el levantamiento cartográfico y la depuración de padrones constituyen procesos complejos. Entre los pendientes históricos destacan cobrar la cartera vencida, incorporar millones de predios omitidos —como los 1.4 millones estimados únicamente en el Estado de México— y acercar los valores catastrales a la realidad comercial.
El margen de crecimiento económico es considerable. Según estimaciones del sector, elevar la recaudación inmobiliaria hacia el promedio regional permitiría captar recursos adicionales multimillonarios, transformando radicalmente las finanzas públicas de los gobiernos locales siempre que exista la voluntad política para hacer efectivos los cobros.
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