La presidenta Claudia Sheinbaum luce decidida a evitar por todos los medios la extradición de Rubén Rocha Moya, y ni siquiera, según sus últimas declaraciones, a iniciar un proceso penal contra el gobernador con licencia. Omar García Harfuch se ha sumado al esfuerzo oficialista de rechazar en el discurso cualquier posibilidad de que los diez sujetos encausados sean procesados.
La jefa del Estado mexicano ayer igualmente señaló que presentaría la semana que viene el informe sobre casos en los que el gobierno de Estados Unidos incumplió con las estipulaciones del Tratado de extradición, en un esfuerzo –en la visión de Sheinbaum- de sumar una nueva justificación para que el gobierno mire hacia otro lado ante la exigencia del Departamento de Justicia de que los sinaloenses señalados sean extraditados.
Sheinbaum ha decidido entrarle a un juego extremadamente peligroso. Como si no se hubiese enterado del contenido de las más recientes declaraciones del presidente Trump y de altos funcionarios estadounidenses, o como si no le hubieran informado sobre el plan antidrogas que contempla combatir incansablemente a los cárteles de la droga y a los narcopolíticos, la presidenta pretende poner en riesgo la relación del Estado mexicano con su principal socio comercial.
En adición, sabedora de los riesgos de una intervención directa de Estados Unidos en México, derivado de la reciente declaratoria de fentanilo como arma de destrucción masiva y los carteles de la droga como organizaciones terroristas, y sumado a las escenas de captura de Nicolás Maduro, la presidenta Sheinbam ha decidido jugarse el futuro inmediato de México bajo el pretexto de “defender la soberanía nacional” al tiempo que todo apunta hacia la defensa a ultranza de Rocha y de los otros nueve individuos señalados.
Otro elemento que se posiciona en contra de la presidenta Sheinbaum es su exposición diaria ante los medios de comunicación. Está obligada a salir, ofrecer aclaraciones, y a menudo, a caer en falsas verdades, tergiversaciones y medias verdades. Señala diariamente que Estados Unidos ha demostrado un carácter “injerencista” en el caso Rocha, cuando no se trata más que de la ejecución de un instrumento del derecho internacional suscrito por ambas partes en aras de la colaboración en materia de seguridad.
La presidenta Sheinbaum continúa, a mi juicio, cometiendo graves errores. Ha optado por recurrir a todo tipo de falacia jurídica -como exigir pruebas- hasta buscar provocar innecesariamente la reacción de un gobierno cuya prioridad expresa es combatir el crimen organizado al sur de su frontera. Y todo lo hace –a la luz de la evidencia- para proteger a un miembro conspicuo del partido gobernante.
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