El dilema nacional entre la competitividad y las viejas estructuras
Para construir una nación verdaderamente justa y competitiva, resulta indispensable establecer metas claras enfocadas en tres pilares fundamentales: la seguridad, la salud y la educación. Alcanzar este objetivo requiere no solamente inyectar cantidades muy importantes de recursos económicos en estas áreas, sino también llevar a renovación profunda del capital humano que las sostiene. En términos prácticos, esto significa operar con perfiles nuevos en la totalidad del sistema educativo y de la seguridad pública municipal o estatal, además de un porcentaje significativo en el sector salud.
Sostener una empresa de esta magnitud exige fundamentar el discurso político en la libertad de pensamiento, organización y comercio. Este principio es doblemente necesario: por un lado, para generar la riqueza indispensable que financie el desarrollo social; por el otro, para dotar de legitimidad al esfuerzo colectivo. La aplicación directa de esta visión se traduce en ciudadanos autónomos que aceptan cumplir normativas generales y aportan de manera proporcional para consolidar las bases del Estado.
La resistencia histórica frente al surgimiento ciudadano
A lo largo de la historia moderna, las estructuras de poder heredadas del siglo XX han evitado de forma sistemática la consolidación de una sociedad civil verdaderamente independiente. Cuando los procesos naturales de urbanización e industrialización comenzaron a generar ciudadanos conscientes de sus derechos, el sistema respondió mediante diversos mecanismos de contención. Ejemplos claros de esta confrontación se registraron en los años 1968, 1988 y 2018, donde se recurrió a distintas formas de presión para mantener el control político a costa de la viabilidad a largo plazo del país.
No obstante, el sector de la población que aspira a vivir en un entorno de libertades no ha dejado de expandirse. Este fenómeno queda reflejado en diversos ejercicios demoscópicos, como la encuesta realizada por Alejandro Moreno el pasado 21 de agosto, así como en la evidente inquietud del bloque gobernante ante los procesos electorales en los centros urbanos. Con el control de los comicios concentrado en el aparato oficial, los escenarios futuros generan incertidumbre y el riesgo latente de tensiones políticas similares a las vividas durante la década de los ochenta, pero en un entorno de mayor conflictividad.
Hacia una reorientación profunda del rumbo nacional
El verdadero desafío para el futuro no radica exclusivamente en los resultados de una jornada electoral específica, sino en determinar si la incipiente ciudadanía actual cuenta con la fuerza suficiente para constituirse como una masa crítica capaz de transformar el rumbo político. No se trata de aplicar correcciones superficiales, sino de dar un paso histórico definitivo que implica superar de manera formal las bases del modelo político fundado a mediados del siglo pasado.
Este cambio de paradigma debió intentarse en momentos de crisis anteriores, como ocurrió en 1982 o posteriormente durante los acuerdos del llamado Pacto por México, iniciativas que carecieron de la perspectiva o el impulso necesario. La reacción adversa frente a aquellos intentos ha demostrado que la continuidad de las viejas fórmulas resulta inviable para el desarrollo nacional.
Una nueva narrativa basada en principios liberales
Por esta razón, resulta imperativo articular una propuesta alternativa que asuma con franqueza los costos del modelo actual y fije como prioridades el bienestar, la eficiencia y el fortalecimiento institucional. Esta nueva narrativa puede cimentarse en la tradición liberal mexicana del siglo XIX, la cual ofrece un marco compatible y comprensible para la sociedad.
Desarticular las inercias del paternalismo estatal y del centralismo político es un requisito indispensable para garantizar la supervivencia económica y social del país en el siglo XXI. La coexistencia de unos cuantos polos de exportación rodeados por altos índices de criminalidad e impunidad es insuficiente para sostener a una población de más de cien millones de habitantes. La construcción de instituciones sólidas y de un auténtico Estado de derecho requiere, de manera ineludible, dejar atrás las estructuras políticas obsoletas.
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