Las dificultades en el proceso de selección interna
El desarrollo del segundo bloque de precandidaturas a las gubernaturas, denominadas formalmente como coordinaciones para la defensa de la transformación, ha generado un desgaste considerable para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los equipos encargados de la estrategia electoral tuvieron que recurrir a complejas maniobras y ajustes para cumplir con las exigencias del bloque oficial, lo que incluyó la modificación de resultados en ejercicios demoscópicos y la negociación de alianzas con sectores considerados adversos, particularmente con el senador Adán Augusto López Hernández. Estas decisiones han dejado un rastro de inconformidades y tensiones profundas al interior de Morena.
Durante este proceso, la mandataria federal enfrentó limitaciones para imponer de forma absoluta todas sus preferencias. No obstante, dos de los nombramientos reflejan una negociación directa o un respaldo compartido entre distintos polos de influencia política, como ocurrió en el caso de Quintana Roo, un territorio disputado entre las facciones afines a Sheinbaum y los grupos vinculados al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Ajustes y disputas territoriales clave
En el estado de Quintana Roo, la postulación recayó en Eugenio Segura, quien superó en el proceso interno a Rafael Marín Mollinedo. Este último contaba con el respaldo previo del expresidente, quien incluso operó apoyos para su causa. La opción inicial de la presidencia para esta posición era la alcaldesa de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, cuyo proyecto político se vio truncado tras la revocación de su visado por parte del gobierno estadounidense.
Por otro lado, en Guerrero, la definición favoreció a Beatriz Mojica, a pesar de las percepciones previas sobre un respaldo hacia Esthela Damián. La designación debió sortear la fuerte influencia del senador Félix Salgado Macedonio, a quien se le frenó la posibilidad de heredar el cargo bajo los lineamientos contra el nepotismo impulsados desde el gobierno federal, aunque mantiene una presencia relevante en la dinámica política local.
Controversias por encuestas y perfiles señalados
Mayores complicaciones se registraron en entidades como Baja California y Zacatecas. En Baja California, los operadores electorales modificaron los escenarios para favorecer a Julieta Ramírez, a pesar de que los sondeos favorecían originalmente al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, quien cuenta con el respaldo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila y enfrenta señalamientos e investigaciones de carácter financiero y de seguridad por parte de autoridades internacionales.
En el caso de Zacatecas, la nominación de la senadora Verónica Díaz se concretó mediante ajustes en las mediciones internas para relegar al diputado Ulises Mejía, quien lideraba las preferencias. Esta maniobra permitió mantener los acuerdos políticos con el coordinador legislativo Ricardo Monreal, sacrificando a perfiles leales al círculo cercano de la presidenta.
Asimismo, en Michoacán, la precandidatura quedó en manos de Carlos Torres Piña, respaldado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y afín al senador López Hernández, lo que desplazó a Raúl Morón en sus aspiraciones. Este escenario pone de manifiesto las fricciones internas y la compleja correlación de fuerzas que condicionan las decisiones políticas en el movimiento oficialista.
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