Marco Bonilla condena la politización de la justicia federal y exige garantías legales para el exfiscal César Jáuregui
El alcalde Marco Bonilla alzó la voz de manera enérgica para manifestar su rechazo ante la intención del Gobierno Federal de fincar el delito de traición a la patria en contra del exfiscal César Jáuregui. El munícipe calificó esta imputación como un acto carente de sustento legal y de proporciones exageradas, advirtiendo que refleja un uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia con claros intereses partidistas.
Exigencia de legalidad y debido proceso
Durante sus declaraciones, el funcionario municipal puntualizó que la evaluación de los expedientes legales recae estrictamente en los tribunales correspondientes, pero hizo un llamado imperativo a garantizar el debido proceso, el respeto irrestricto a la presunción de inocencia y la salvaguarda de los derechos humanos.
Asimismo, el edil aclaró que esta postura no constituye un manto de impunidad para exservidores públicos ni busca obstaculizar el castigo a quienes resulten culpables de alguna irregularidad, ya que el principio fundamental debe ser la aplicación imparcial de la ley para todos los ciudadanos por igual.
Señalamientos contra la estrategia oficialista
Para el representante local, la administración federal y el partido en el poder pretenden convertir los procesos judiciales en un escenario mediático para desviar la atención pública de las crisis más urgentes que atraviesa la nación, tales como la violencia descontrolada, las desapariciones forzadas, los desplazamientos masivos, los altos índices de corrupción y las graves deficiencias en el sector salud.
En este sentido, lanzó un cuestionamiento directo a la narrativa oficialista sobre la seguridad nacional: “¿Quieren hablar de traición a la patria? Traición a la patria es no combatir al narco ni desarticularlos”, expresó, al tiempo que denunció supuestas omisiones y complicidades del oficialismo frente al crimen organizado, mencionando problemáticas específicas de regiones como Baja California y Sinaloa, además de cuestionar redes de presunto huachicol fiscal y la protección a funcionarios cuestionados.
Defensa de la soberanía estatal
Frente a lo que catalogó como una serie de amenazas y escenificaciones fabricadas desde las altas esferas del poder federal, el alcalde envió un mensaje de firmeza institucional y social, contrastando las acciones locales con la protección de correligionarios que, según indicó, prevalece a nivel nacional.
“Mientras en Chihuahua se actúa, allá a los suyos los protegen”, aseveró, exigiendo un trato igualitario bajo un mismo marco normativo. En la misma línea, añadió: “Aquí no nos van a asustar con montajes ni amenazas. Chihuahua y quienes aquí vivimos no nacimos para arrodillarnos ni para doblarnos por nada ni por nadie”.
Llamado a la unidad regional
Hacia el final de su intervención, el líder político convocó a la ciudadanía y a la militancia de su partido a mantener un bloque sólido. Recalcó que los intereses del estado deben anteponerse a cualquier aspiración personal, cargo público o proyecto de índole individual, priorizando siempre la paz social de los hogares chihuahuenses y la solidez institucional.
“Chihuahua no se entrega, no se negocia y no se rinde. Chihuahua se defiende. Y lo vamos a defender juntos”, concluyó.
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