Gobierno advierte posibles violaciones al derecho internacional y demanda información oficial sobre participación estadounidense en captura de Ismael Zambada.
El gobierno de México endureció este martes su postura frente a Estados Unidos al advertir que, de confirmarse la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el operativo que culminó con la captura y traslado de Ismael El Mayo Zambada a territorio estadounidense sin notificar previamente a las autoridades mexicanas, se habría incurrido en una serie de violaciones al derecho internacional, a la Constitución mexicana y a la Ley de Seguridad Nacional.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que las versiones difundidas hasta ahora sobre el operativo son contradictorias y lanzó una contundente conclusión: “Alguien mintió”.
La funcionaria sostuvo que el gobierno mexicano no mantiene acuerdos con organizaciones criminales y reiteró que la exigencia de esclarecer los hechos responde a la obligación de defender la soberanía nacional y el cumplimiento de los tratados internacionales.
“Debe quedar claro que el gobierno de México no hace pactos criminales con nadie”, enfatizó Rodríguez al presentar una cronología de los acontecimientos relacionados con la captura del cofundador del Cártel de Sinaloa.
Por su parte, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que el gobierno federal solicitó a la Fiscalía General de la República pedir formalmente al FBI información detallada sobre el grado de participación de esa agencia en el operativo realizado en julio de 2024.
Asimismo, indicó que la administración mexicana mantiene comunicación con la Embajada de Estados Unidos en México, la cual ya proporcionó algunos datos preliminares sobre la aeronave utilizada para trasladar a Zambada.
Según explicó, las autoridades estadounidenses señalaron que el avión habría sido prestado por un museo ubicado en El Paso, Texas, aunque México continuará solicitando información adicional para esclarecer plenamente los hechos.
La controversia surgió luego de que un reportaje del medio Pie de Nota revelara que la avioneta utilizada en el traslado forma parte de una exposición de aeronaves de guerra donde el propio FBI la presenta como vehículo empleado en uno de sus operativos, situación que contradice la versión ofrecida anteriormente por funcionarios estadounidenses.
Rosa Icela Rodríguez recordó que el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró públicamente el 9 de agosto de 2024 que ninguna agencia estadounidense había participado en la operación que derivó en la detención de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López.
Como parte de la relatoría oficial, la secretaria reconstruyó la secuencia de hechos que inició el 5 de enero de 2023 con la captura de Ovidio Guzmán en Jesús María, Culiacán, operativo en el que murieron diez elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Posteriormente recordó su extradición a Estados Unidos el 15 de septiembre de ese mismo año y señaló que el 25 de julio de 2024 las autoridades estadounidenses modificaron las medidas cautelares de Ovidio Guzmán sin consultar al gobierno mexicano, acción que, afirmó, vulneró el tratado bilateral de extradición.
Ese mismo día arribó a Santa Teresa, Nuevo México, la aeronave que transportaba a Joaquín Guzmán López e Ismael Zambada. De acuerdo con el gobierno mexicano, el avión despegó con el sistema de localización apagado y sólo activó su transpondedor cinco minutos antes de aterrizar en territorio estadounidense.
Desde el 31 de julio de 2024, México solicitó explicaciones formales sobre la posible participación de agencias estadounidenses en el operativo. Sin embargo, tras las nuevas revelaciones periodísticas, el gobierno federal insiste en que las inconsistencias deben aclararse plenamente.
La administración federal advirtió que, si se confirma que el FBI intervino sin autorización ni notificación al Estado mexicano, ello constituiría una violación a la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Seguridad Nacional, por lo que continuará exigiendo información oficial a las autoridades estadounidenses.
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