El monarca alauí rompe su silencio
El rey Mohamed VI ha abordado de manera pública los recientes episodios de tensión diplomática y migratoria. Durante su intervención con motivo de la inauguración del periodo legislativo posterior a los comicios del 23 de septiembre, el jefe de Estado alauí se refirió por primera vez a los sucesos estivales registrados en la frontera norte.
Sin hacer mención explícita a la ciudad autónoma de Ceuta, el soberano centró buena część de su mensaje en recriminar la actitud adoptada por determinados actores. De este modo, censuró con firmeza las declaraciones irresponsables procedentes de diversos ámbitos de la esfera política y de los medios de comunicación en España.
Soberanía y firmeza en los vínculos bilaterales
En plena sintonía con la línea oficial mantenida por su Ministerio de Asuntos Exteriores, el rey denunció lo que considera una instrumentalización flagrante de las circunstancias recientes. Para el monarca, este uso partidista enturbia el clima de entendimiento entre dos vecinos estratégicos.
Asimismo, quiso delimitar los contornos en los que debe desenvolverse el entendimiento mutuo. “La asociación es una opción soberana y un compromiso voluntario y nunca será objeto de cualquier presión, amenaza ni chantaje”, aseveró con contundencia ante la cámara legislativa.
Retos en materia migratoria
Pese a las fricciones políticas, el máximo representante del reino alauí reconoció que la cooperación bilateral ha consolidado importantes avances en parcelas estratégicas, destacando de manera particular los operativos conjuntos enfocados en contener los flujos irregulares de personas.
Sin embargo, advirtió que la gestión fronteriza tropieza actualmente con escollos significativos. Según su perspectiva, estos obstáculos derivan de disposiciones legales anticuadas y de resoluciones judiciales que, a su juicio, se encuentran distanciadas de la realidad operativa.
Para concluir este apartado, el mandatario lamentó que dichas circunstancias entorpezcan los procedimientos de retorno. En sus propias palabras, “este comportamiento dificulta la repatriación de menores y de las personas que usurpan el estatus de refugiados, y agudiza el apetito de las redes criminales”, instando a superar estos baches normativos para garantizar una seguridad más eficaz.
