Claves de la nueva propuesta para regular los alquileres capitalinos
El mercado inmobiliario en la capital del país avanza hacia una transformación profunda tras la presentación de la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias, Rentas Justas y Asequibles. Esta normativa, enviada al Congreso local por la administración encabezada por Clara Brugada, busca frenar el incremento desmedido en el costo de los alquileres habitacionales, estableciendo un marco normativo más estricto que redefine las obligaciones y derechos tanto para propietarios como para inquilinos.
La propuesta legislativa introduce herramientas tecnológicas y de mediación institucional, tales como un registro digital obligatorio de contratos, la creación de la Defensoría de Relaciones Inquilinarias y un gabinete especializado para prevenir despojos. Asimismo, se incorporan medidas drásticas para sancionar económicamente a quienes infrinjan los topes de precios establecidos o incurran en prácticas discriminatorias durante el proceso de selección de arrendatarios.
Un tope al alquiler vinculado directamente al inmueble y no al contrato
Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es la modificación en la forma de aplicar los incrementos anuales. Aunque desde el año 2024 el Código Civil local estipula que el aumento anual de la renta de una vivienda no podrá superar la inflación del año anterior, los vacíos legales permitían que al cambiar de inquilino se fijaran precios muy superiores.
Para cerrar esta brecha, la nueva ley establece que el tope a la renta no esté relacionado con el contrato entre el arrendador y un arrendatario en particular, sino con el inmueble que se alquila. Bajo este esquema, el artículo 1 de la propuesta determina textualmente que “el incremento anual en el precio de la renta, con independencia del cambio de la persona arrendataria, no sobrepase la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el año inmediato anterior al de la celebración del contrato”.
La única excepción contemplada para superar este límite se aplicará cuando el propietario demuestre haber realizado intervenciones de mejora sustancial en la infraestructura del departamento o casa, requiriendo previamente una autorización oficial.
Digitalización y sanciones económicas para infractores
Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones, la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) operará un sistema digital donde los dueños deberán inscribir formalmente los convenios de locación. En este registro se detallarán las identidades de los firmantes, características físicas de la propiedad, montos de depósito y esquemas de garantía.
Las penalizaciones económicas varían según la falta cometida. Superar el incremento autorizado basándose en la inflación ameritará multas de entre 100 y 400 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a sanciones de entre $11,731 y $46,924 pesos.
Otras infracciones, como omitir la entrega de copias del convenio o no realizar el registro digital en la plataforma gubernamental, también acarrearán multas específicas para los propietarios. Por su parte, los inquilinos podrían ser sancionados si modifican el domicilio sin autorización o le dan un uso distinto al habitacional convenido.
Protección contra la discriminación y prohibición de cobros extra
El articulado de la ley protege de manera explícita a sectores vulnerables. En su artículo 24, la normativa estipula un mecanismo para evitar que se le niegue el derecho a rentar a personas con infancias y animales de compañía, señalando que “Por ningún motivo será obstáculo para el ejercicio de los derechos que le corresponden a cada una de las partes […] la cohabitación con infancias y animales de compañía”.
Además, se prohíbe tajantemente cualquier acto de exclusión basado en origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social o estado civil. En el apartado financiero, la propuesta protege el bolsillo de los ciudadanos al estipular que los propietarios solo podrán exigir una sola garantía de cumplimiento.
De igual manera, se determina que en ningún caso el arrendador podrá transferir al solicitante costos administrativos adicionales. La ley estipula que los gastos por intermediación, investigaciones de historial crediticio, validaciones fiscales o contratación de pólizas jurídicas correrán estrictamente por cuenta del dueño.
Próximos pasos legislativos e implementación institucional
El documento se encuentra actualmente bajo análisis en el órgano legislativo capitalino. De recibir luz verde, la normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial. A partir de ese momento, el Gobierno de la Ciudad de México dispondrá de un plazo de noventa días para emitir el reglamento correspondiente y poner en marcha las nuevas instituciones encargadas de mediar y vigilar el mercado de arrendamiento habitacional.
About the Author
