En los últimos días, Palacio Nacional se ha enfrascado en una guerra contra diversos medios de comunicación. A lo largo de más de dos décadas de cubrir la política nacional, siempre lo he dicho y me he dado cuenta: un buen gobierno hablaría por sí solo y callaría bocas.
Las excelentes políticas públicas se notarían, y entonces sí, podríamos hablar de censura contra esos medios alborotadores que sólo quieren desprestigiar al buen gobierno. Pero sabemos, que no es el caso, las cosas van mal, y como muestra, un botón.
México se encuentra actualmente en el último nivel dentro del grado de inversión. La agencia Moody’s redujo la calificación soberana a “Baa3”, dejando al país al borde de perder esta categoría y convertirse en “bono basura”.
Además, S&P Global Ratings modificó su perspectiva a negativa y Fitch mantiene al país en el límite, lo que sitúa a la deuda mexicana en la antesala de una posible degradación.
Son las tres calificadoras más prestigiadas del mundo las que lanzan en mensaje, imagínese el dilema en el que estamos.
Las agencias coinciden en que los factores principales que presionan la calificación son el debilitamiento sostenido de la solidez y flexibilidad fiscal; el aumento y la trayectoria de la deuda pública; el costo financiero y el apoyo gubernamental a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) -a esta última ya también la degradaron algunas calificadoras-; así como un entorno de bajo crecimiento económico.
Perder el grado de inversión tiene implicaciones directas en los mercados financieros del país. Las consecuencias: muchos fondos de inversión institucionales, aseguradoras y fondos de pensiones tienen estatutos que les prohíben mantener bonos que no sean grado de inversión.
Esto podría generar ventas forzadas de bonos soberanos, lo que ocurre cuando un inversor institucional, fondo de inversión, banco o gobierno se ve obligado a vender deuda pública en el mercado secundario por motivos de liquidez, regulación o riesgo, independientemente del precio o de su estrategia a largo plazo.
Al aumentar el riesgo de impago, el gobierno de México tendría que pagar tasas de interés más altas cada vez que contrate deuda, encareciendo el costo del financiamiento público y privado.
El impacto también puede reflejarse en un aumento generalizado de los costos de financiamiento para empresas y créditos al consumidor.
En lugar de andarse pelando con las televisoras, Ebrard, Amador Zamora, y la gente sensata de este gobierno, le deberían de decir a Sheinbaum que urge mantener el grado de inversión.
Por ejemplo, continuar el proceso de consolidación fiscal, mejorar las condiciones para el que el país crezca (infraestructura, lo pongo en mayúsculas ESTADO DE DERECHO, seguridad, capacidad energética, ofrecer certeza jurídica al sector privado, incluyendo la moderación de las eficiencias fiscales) y por su puesto tener una comunicación más proactiva con las calificadoras y el público inversionista.
Los riesgos están latentes y no hacen caso. La percepción de que perdamos esa categoría obligaría a los inversionistas institucionales internacionales a vender los títulos y pasar los recursos a dólares, lo que puede ocurrir en cuestión de horas.
Lo que dispararía las tasas de interés en pesos, y el tipo de cambio, encareciendo el crédito empresarial, el crédito a las familias y el financiamiento público, generando un círculo vicioso.
Solo el crecimiento económico puede evitar la catástrofe. Por eso, díganles en Palacio Nacional que dejen de atacar a los empresarios. El verdadero enemigo: perder la calificación, y eso es culpa del gobierno, no de los que difunden la información.
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