Práctica de “La Mafia Verde”: Eventos y uso de recursos públicos
En La Chispa, te damos a conocer todos los detalles sobre la Práctica de “La Mafia Verde”, un esquema que evidencia cómo se lucra con la pobreza y los programas sociales en Quintana Roo.
Este fenómeno, denunciado por diversos actores políticos, revela un manejo discrecional de recursos públicos que, lejos de combatir la desigualdad, se convierte en una herramienta electoral y en un botín millonario que opera como todo un sistema perfectamente estructurado.
La Práctica de “La Mafia Verde” vuelve a quedar en evidencia con eventos masivos donde programas sociales son utilizados como promoción política.
Práctica de “La Mafia Verde”: el negocio político que convierte programas sociales en un botín millonario
La Práctica de “La Mafia Verde” tiene como protagonistas al diputado Renán Sánchez Tajonar y su operador Pablo Bustamante Beltrán, quienes han sido señalados por utilizar estructuras gubernamentales como plataformas de promoción política.
Desde el Congreso del Estado hasta la Secretaría del Bienestar, ambos personajes han consolidado una red de influencia que les permite posicionarse rumbo a las alcaldías de Cancún y Cozumel. Este modelo no solo implica control institucional, sino también una estrategia territorial basada en la entrega de apoyos sociales.
Eventos y uso de recursos públicos
Un ejemplo claro de la Práctica de “La Mafia Verde” fue el festejo de cumpleaños de Pablo Bustamante, realizado el pasado día 11 en un domo de la ciudad.
En dicho evento, se reportó la asistencia de aproximadamente tres mil personas, quienes fueron alimentadas con recursos provenientes de la Secretaría del Bienestar. Este tipo de actos, lejos de ser aislados, forman parte de una estrategia de posicionamiento político mediante el uso de programas sociales.
Programas sociales como herramienta electoral
El lugarteniente de Sánchez Tajonar ha utilizado programas como:
Leche para el Bienestar
Alimentos para el Bienestar
Entrega de despensas
Consultas médicas
Apoyos funcionales del Inmaya
Además, se han entregado triciclos, lentes, sillas de ruedas, bastones y chips de conectividad. Todo esto es presentado como gestión personal, cuando en realidad son recursos públicos.
Esta dinámica confirma que la Práctica de “La Mafia Verde” convierte la política social en un mecanismo clientelar.
Cifras que evidencian el alcance del sistema
Pablo Bustamante presume haber beneficiado a más de 86 mil 413 personas mediante 52 caravanas, ofreciendo más de 74 mil servicios gratuitos.
Para 2026, el presupuesto de Quintana Roo asciende a 53 mil 981.8 millones de pesos, de los cuales cerca de 30 mil millones están destinados a programas sociales.
De este monto:
864 millones 986 mil pesos corresponden a la Secretaría del Bienestar
1 mil 706 millones de pesos integran el paquete total de inversión social
La distribución del gasto incluye:
$157,571,594 en servicios generales
$56,805,373 en servicios personales
$14,760,241 en materiales y suministros
Señalan que la Práctica de “La Mafia Verde” convierte recursos públicos en un botín millonario para fortalecer aspiraciones políticas.
Se estima que, bajo este esquema, podrían generarse comisiones superiores a los 100 millones de pesos, consolidando un botín millonario dentro de todo un sistema de operación política.
El Congreso y la red de poder
Por su parte, Renán Sánchez Tajonar mantiene control político desde el Congreso local, que cuenta con un presupuesto de 536.4 millones de pesos.
Cada diputado representa un costo anual aproximado de 21.5 millones de pesos, posicionando a este Congreso como uno de los más caros del país.
A pesar de posibles recortes impulsados por el gobierno federal, se ha decidido postergar su aplicación, lo que evidencia la protección institucional dentro de la Práctica de “La Mafia Verde”.
Protección política y consecuencias
La Práctica de “La Mafia Verde” no solo implica el uso indebido de recursos, sino también una red de protección desde las más altas esferas del poder.
Este esquema ha sido señalado como una de las principales causas del deterioro en la política social, al priorizar intereses electorales sobre las necesidades reales de la población.
El uso de programas sociales como herramienta política debilita la confianza ciudadana y perpetúa prácticas que afectan directamente la democracia.
Fuente: Poder y Crítica
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