Una masiva movilización contra la asfixia financiera
Mientras el gobierno defendía sus políticas en un exclusivo foro empresarial, miles de personas salieron a las calles de Buenos Aires este jueves para exigir soluciones ante una crisis que afecta a millones de ciudadanos. Las principales centrales sindicales, junto con organizaciones sociales y colectivos feministas, marcharon hacia las inmediaciones del Ministerio de Economía para protestar por el acelerado incremento de la morosidad y la pérdida de poder adquisitivo.
Los manifestantes señalaron que el uso de tarjetas de crédito se ha vuelto indispensable simplemente para subsistir y cubrir necesidades básicas como la alimentación y el transporte. Según datos del sector, la tasa de incumplimiento en los préstamos familiares escaló de forma notable, pasando del 2,5% registrado en octubre de 2024 al 12,8% en junio de 2026, reflejando el deterioro de los ingresos en amplios sectores de la población.
El impacto en los trabajadores y el tejido empresarial
La problemática del endeudamiento no distingue entre sectores formales e informales. De acuerdo con informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la morosidad en aplicaciones financieras y billeteras virtuales trepó hasta el 29,6%, superando los registros observados durante la pandemia. A esto se suma el impacto de la desregulación y los recortes presupuestarios sobre el sector productivo.
Un análisis del centro de pensamiento Fundar reveló que, desde el inicio de la actual gestión, se constató el cierre de 30.633 empresas, lo que representa un 6% del total a nivel nacional. El comercio encabeza la lista de los rubros más golpeados, seguido por el transporte, los servicios inmobiliarios y la manufactura, generando una cadena de contracción que impacta directamente en la estabilidad laboral.
El discurso oficial y la respuesta del Ejecutivo
En contraste con las demandas callejeras, el presidente Javier Milei rechazó las críticas contra su programa financiero durante su intervención en el Council of the Americas. El mandatario desestimó el aumento del desempleo y la caída salarial, al tiempo que descartó cualquier tipo de intervención estatal para aliviar las deudas de los ciudadanos, argumentando que implicaría afectar los recursos de terceros.
Asimismo, el jefe de Estado desvió el foco hacia cuestiones demográficas y arremetió contra las organizaciones que impulsaron la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Frente al auditorio empresarial, afirmó: “Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes (…) Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento, y ni les cuento en términos de sistema previsional”. Estas declaraciones contrastan con los registros oficiales que sitúan la caída de la natalidad en el país desde el año 2014, años antes de la sanción de dicha ley.
