La empresa Grupo de Seguridad Privada Pryse obtuvo un contrato por más de 40 millones de pesos para proporcionar servicios de vigilancia al Tren Maya, en alianza con Servicios Integrales Valbón, compañía relacionada con el empresario Raúl Rocha Cantú, propietario de la marca Miss Universo y señalado en investigaciones federales por presuntos vínculos con operaciones de tráfico de armas, hidrocarburos y lavado de dinero. La adjudicación corresponde a un contrato firmado en 2024 para prestar servicios de seguridad al proyecto ferroviario.
De acuerdo con una investigación periodística presentada por Víctor Hugo Arteaga, ambas compañías participaron conjuntamente en el procedimiento de contratación identificado como 012-2/2024, en el que Pryse figuró como prestadora principal. Valbón aparece en la carpeta de investigación 928/2024 de la Fiscalía General de la República (FGR), relacionada con presuntas operaciones de tráfico de armas, comercialización de combustible ilícito, facturación simulada y lavado de recursos. Entre las personas mencionadas en las indagatorias se encuentra Rocha Cantú, quien ha sido señalado como presunto inversionista en empresas relacionadas con estas actividades.
La investigación también documentó que Pryse acumuló contratos gubernamentales por aproximadamente 12 mil 928 millones de pesos durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. El periodista identificó 21 adjudicaciones adicionales y alianzas con otras compañías de seguridad privada para participar en licitaciones de distintas instituciones públicas. Entre ellas destaca una contratación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por más de mil 334 millones de pesos, en la que también participaron otras empresas del sector.
Otro de los señalamientos está relacionado con los antecedentes administrativos de Pryse y algunas compañías con las que ha establecido acuerdos comerciales. Según la investigación, la empresa enfrentó inhabilitaciones que inicialmente fueron suspendidas mediante recursos legales, lo que le permitió continuar participando en licitaciones y obtener nuevos contratos. Sin embargo, resoluciones emitidas durante mayo y agosto de 2026 confirmaron la procedencia de las sanciones administrativas, pese a que algunas adjudicaciones ya se habían concretado.
La investigación también puso bajo cuestionamiento la estructura corporativa de Pryse, particularmente el domicilio registrado por Silvia Muciño Negrete, identificada como accionista mayoritaria de la compañía, quien tiene 90 años. Al acudir a la dirección asentada en documentos oficiales, el equipo periodístico encontró una vivienda rentada cuyos ocupantes y vecinos dijeron no conocerla. El periodista señaló que buscó obtener una postura de los representantes de la empresa, pero no recibió respuesta. Los hallazgos abren nuevos cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación pública, la supervisión de las compañías de seguridad privada y los controles aplicados al manejo de miles de millones de pesos provenientes del erario.
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