El desfase estructural en el mercado laboral
La presencia de ciudadanos extranjeros sin papeles en los países occidentales responde a una brecha evidente. Existe una enorme demanda de mano de obra que choca sistemáticamente con vías legales de acceso muy limitadas. Este problema posee un carácter profundamente estructural.
El envejecimiento demográfico de la población local y la dificultad para cubrir determinados empleos agravan la situación. A esto se suman políticas restrictivas impulsadas por gobiernos temerosos del desgaste electoral y de una opinión pública cada vez más recelosa de la llegada de foráneos.
Las deportaciones tampoco representan una solución sencilla debido a barreras jurídicas, éticas y operativas. La normativa internacional prohíbe de manera tajante las expulsiones colectivas y el envío de personas hacia territorios considerados no seguros, complicando aún más la gestión estatal.
La falacia del factor de atracción
Durante la reciente crisis fronteriza, diversos actores políticos y mediáticos vincularon la llegada masiva de personas con la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno central. Sin embargo, los flujos migratorios responden a una multiplicidad de variables complejas.
Explicar la migración únicamente atendiendo a un factor de atracción (la concesión de permisos temporales de residencia y trabajo en España) es una forma sesgada y simplista de interpretar la realidad.
Las teorías tradicionales diferencian entre factores de expulsión en los países de origen y elementos de atracción en los destinos. Reducir este fenómeno global al otorgamiento de papeles ignora la estructura económica internacional y los vínculos históricos heredados.
Ninguna investigación científica ha logrado demostrar una correlación positiva entre los procesos de regularización y un incremento desmedido de nuevas llegadas. Las estadísticas demuestran que las tendencias migratorias se mantienen estables tras la aplicación de estas medidas.
La postura contradictoria de Marruecos y Europa
Un aspecto llamativo de la medida ha sido la fuerte contestación diplomática internacional. Varios socios comunitarios firmaron una misiva responsabilizando a Madrid de incentivar la inmigración irregular, ignorando que muchos de estos mismos países han implementado procesos similares en el pasado.
Marruecos llevó a cabo dos regularizaciones extraordinarias de migrantes en 2014 y 2017, respectivamente. El objetivo era regularizar la situación administrativa de miles de inmigrantes procedentes de los países de África Subsahariana.
El Ejecutivo marroquí también se sumó a las recriminaciones, reprochando a España el uso de estas herramientas. Resulta paradójico debido a que Rabat impulsó en 2011 una estrategia migratoria integral que también contemplaba la normalización administrativa de miles de subsaharianos.
Las críticas formuladas desde el país vecino asumen el mito infundado del efecto llamada. Esto supone un claro retroceso respecto a la visión de país de acogida que el propio reino alauí defendía en la última década.
Instrumentos ordinarios frente a medidas excepcionales
Los expertos coinciden en que los procesos extraordinarios evidencian ciertas deficiencias en la planificación gubernamental. Lo ideal es apostar por mecanismos ordinarios y predecibles de contratación en origen que garanticen la seguridad jurídica y respondan con agilidad a las necesidades del mercado.
Nuestra política migratoria seguirá siendo incapaz de gobernar las migraciones si los discursos y la práctica administrativa abordan este fenómeno desde el paradigma de la excepcionalidad y la emergencia.
A pesar de no ser el método ideal, estas actuaciones extraordinarias permiten reconocer una realidad preexistente, dignificando los derechos humanos de miles de personas. La gestión de los movimientos humanos requiere abandonar la retórica de la emergencia permanente.
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