Una relación financiera bajo escrutinio
Nuevos documentos internos revelan que el volumen de transacciones financieras vinculadas a Jeffrey Epstein superó ampliamente las estimaciones previas de las autoridades. Una filtración de archivos pone al descubierto cómo la entidad alemana mantuvo vínculos comerciales con el fallecido depredador sexual a pesar de sus antecedentes penales.
El informe expone que la institución permitió la gestión de cuentas corporativas y el flujo de capitales millonarios tras haber sido descartado por otros competidores del sector bancario. La normativa internacional exige controles estrictos ante perfiles de alto riesgo, los cuales fueron eludidos de manera sistemática por altos mandos.
Millones en operaciones ocultas
Los registros analizados indican que la entidad financiera procesó 3.000 transacciones entre octubre de 2013 y mayo de 2019, alcanzando la cifra de 581,9 millones de dólares. Estas operaciones quedaron reflejadas en 21 informes de actividades sospechosas presentados de forma posterior ante los organismos de control.
A pesar de que el banco clasificó inicialmente al financiero dentro de un segmento de patrimonio ultraelevado con expectativas de ingresos anuales de entre dos y cuatro millones de dólares, las consecuencias económicas superaron las previsiones comerciales iniciales.
Aprobación al más alto nivel
La incorporación del cliente se produjo en agosto de 2013, cuando su condena por delitos de prostitución de menores ya era de conocimiento público. La supervisión interna muestra que la decisión contó con el aval de los departamentos de cumplimiento normativo y asesoría jurídica.
Los directivos optaron por minimizar las alertas sobre el origen de los fondos y los beneficiarios asociados a sus fideicomisos. El banco reconoció públicamente sus fallos institucionales a través de un comunicado donde afirmó: “Reconoce su error al aceptar a Epstein como cliente en 2013 y lamenta su relación histórica con él”.
El proceso de salida y las multas millonarias
La presión mediática generada por investigaciones periodísticas impulsó la decisión de rescindir los contratos a finales de 2018. Sin embargo, el proceso de cierre de cuentas se extendió durante varios meses mientras se emitían cartas de recomendación favorables a instituciones extranjeras.
Las consecuencias legales para la entidad no tardaron en materializarse en sanciones económicas severas. En 2020, el banco acordó abonar 150 millones de dólares a los reguladores de Nueva York, sumados a un acuerdo de 75 millones de dólares en 2023 para resolver demandas colectivas presentadas por las víctimas.
