El avance del crimen organizado en entidades gobernadas por Morena
En un lapso de menos de seis años, diversas regiones del país han experimentado una profunda infiltración de agrupaciones delictivas en las estructuras de los gobiernos estatales y municipales. Tras casos previos en Sinaloa y Oaxaca, la situación en Baja California ha tomado un giro crítico con la reciente intervención de agencias internacionales.
El pasado martes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió castigos contra 21 individuos y 25 entidades. Las medidas apuntan directamente a redes que habrían permitido la expansión de operaciones del Cártel de Sinaloa y su filial criminal conocida como Los Rusos dentro de la administración pública local encabezada por Marina del Pilar Ávila.
Señalamientos directos desde Washington
El organismo estadounidense emitió un comunicado donde se detallan los vínculos de actores clave en la política estatal con las redes financieras y operativas de los grupos delictivos. “En el centro de esta narcocorrupción está el exesposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Alberto Torres, y su hermano Luis Alfonso Torres”, afirmó la dependencia extranjera.
El informe añade que “Carlos Torres es un operador político del cártel que tiene una alianza con El Ruso. Usó su influencia política para facilitar las actividades del cártel y proteger al Cártel de Sinaloa de intervención gubernamental o judicial en Baja California”. Aunque el documento no acota temporalmente todas las acciones, las indagatorias abarcan al menos tres años de la actual gestión estatal.
Adicionalmente, las medidas punitivas afectaron a la empresa Vida Orgánica Tijuana, señalada como vehículo para el blanqueo de capitales. Dicha compañía fue constituida en 2020 por la mandataria, su ex cónyuge, su excuñado y otros socios vinculados a la vida nocturna en Mexicali. Pese a que se tramitó la salida formal de la gobernadora de dicha sociedad en meses recientes, la investigación sostiene que formaba parte de la estructura cuando ya existían indicios ilícitos.
Repercusiones políticas y postura federal
La situación ha generado tensiones con el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras que en aparatos públicos se ha mantenido un respaldo institucional a la gobernadora, al interior de la administración federal se han manifestado recelos por la gestión de la crisis. Informes previos de medios locales ya advertían sobre indagatorias por evasión fiscal y delincuencia organizada que involucraban a círculos cercanos a la administración estatal.
Por su parte, la administración central ha optado por mantener distancia frente a las sanciones emitidas desde Washington, evitando asumir el costo político de la controversia. En conferencias recientes, las autoridades federales han minimizado los señalamientos de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, mientras el impacto institucional continúa desgastando la gobernabilidad en la entidad fronteriza.
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